Federico Alberto Mejía Torres aparece en el Decreto 1591 del 22 de octubre. La investigación penal por la presunta liberación irregular de un detenido con pasta base de coca continúa, y el ascenso aún requiere aprobación del Senado.
El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, imputado por la Fiscalía desde el 16 de septiembre, está entre los oficiales a quienes el Gobierno de Abelardo de la Espriella propone ascender al grado de mayor general. Su nombre figura en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026, firmado por el presidente y el ministro de Defensa, Jorge Mora.
La decisión política ocurre mientras sigue abierto un proceso por cuatro delitos: prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El oficial no aceptó los cargos. La imputación no constituye una condena ni establece su responsabilidad penal.
La captura que investiga Fiscalía
El expediente se remonta al 31 de enero de 2024 en El Plateado, corregimiento de Argelia, Cauca. Soldados capturaron a un hombre con aproximadamente 4,5 kilogramos de pasta base de coca y lo llevaron a Popayán para adelantar el procedimiento judicial.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el entonces comandante del Comando Específico del Cauca habría ordenado que el detenido y la sustancia regresaran a El Plateado antes de formalizarse la judicialización. El traslado se habría efectuado en helicóptero militar, con apoyo de recursos de aviación. El ente acusador también cuestiona informes elaborados en octubre de 2025 y marzo de 2026 que, según su investigación, contendrían datos falsos sobre lo sucedido.
La defensa sostiene otra explicación: la orden habría respondido a consideraciones operativas y al riesgo de una asonada que pusiera en peligro a la población civil y a las tropas. Esa versión forma parte de la controversia judicial y deberá evaluarse dentro del proceso.
El Senado tiene la última palabra
El decreto relaciona 18 oficiales para ascensos a mayor general o vicealmirante y otros 22 para brigadier general o contralmirante. En el caso de Mejía, la fecha propuesta es el 1 de diciembre, pero el listado no equivale a un ascenso consumado.
La Constitución exige aprobación del Senado para las promociones a grados de oficiales generales y de insignia. La discusión legislativa deberá examinar el trámite y los antecedentes de los postulados, mientras el proceso penal contra Mejía conserva su curso independiente.
El punto crítico está en la coexistencia de ambos procedimientos: el Ejecutivo respalda su promoción profesional en medio de una imputación vigente, pero ni ese respaldo borra los cargos ni la imputación equivale por sí sola a una prohibición automática de ascenso.
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