Senado y Cámara aprobaron versiones distintas del artículo 65 y se venció el plazo constitucional de trámite. El Gobierno aplicará el texto del primer debate, sin los ajustes posteriores de las plenarias.
El Gobierno nacional anunció que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027, por alrededor de $634,9 billones, después de que un error de procedimiento impidiera culminar su aprobación como ley. El problema quedó identificado el 20 de octubre, tras las votaciones de Cámara y Senado, y la decisión fue explicada el miércoles 21 por el vicepresidente José Manuel Restrepo.
Las plenarias habían aprobado el proyecto después de extensas sesiones, pero no votaron textos idénticos. La diferencia se concentró en el artículo 65, relativo a mecanismos de cobertura financiera del Ministerio de Hacienda frente a variaciones del precio del petróleo, combustibles y tasa de cambio.
Dos versiones del artículo 65
En el Senado se aprobó el artículo sin dos parágrafos adicionales que un congresista había propuesto. Esas disposiciones terminaron incorporadas en el texto que votó la Cámara. La senadora Esmeralda Hernández advirtió la diferencia y la Secretaría General del Senado confirmó que el registro de proposiciones aprobadas no contenía una modificación al artículo 65.
Cuando las cámaras aprueban versiones diferentes, el Congreso debe conciliar el texto y someterlo nuevamente a votación. El plazo legal para terminar el trámite presupuestal venció el martes 20 de octubre. La falta de conciliación impidió convertir en ley la versión salida de las plenarias.
Qué se mantiene y qué cambia
El Gobierno anunció que aplicará el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el Decreto 111 de 1996. Esa norma prevé que, si el Congreso no expide el presupuesto dentro del término legal, rige el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones aprobadas en primer debate por las comisiones económicas.
El monto global continúa cerca de $634,9 billones, pero la distribución deja de reflejar los traslados y adiciones negociados en los últimos debates. Entre las modificaciones posteriores que quedan fuera están partidas adicionales para salud, subsidios de energía y gas y otros reajustes sectoriales. El texto de primer debate se convierte en la base de apropiaciones para la vigencia 2027.
Un trámite con antecedentes constitucionales
La Constitución, en su artículo 348, prevé el mecanismo de continuidad presupuestal cuando el Congreso no expide la ley en el plazo correspondiente. El episodio actual, sin embargo, ocurrió después de votaciones afirmativas en ambas cámaras, por lo que generó discusión jurídica sobre los alcances de la diferencia y las alternativas disponibles.
El Gobierno escogió la vía del decreto, que deberá establecer las apropiaciones definitivas por entidad. El resultado también cambia el panorama para los sectores que habían conseguido recursos adicionales en las plenarias y ahora dependen de nuevas decisiones administrativas o legislativas.
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