La Operación Beta dejó dos presuntos integrantes del ELN muertos, cinco campamentos y dos búnkeres destruidos y un enorme arsenal incautado en el Catatumbo. Pero el balance tiene otra cara. La Defensoría del Pueblo reportó tres campesinos heridos y desplazamientos que ahora deberán ser esclarecidos.
Apenas cuatro días después de asumir la Presidencia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ejecutó su primer bombardeo contra el ELN y dejó una señal temprana sobre la intensidad que podría tomar su política de seguridad.
La denominada Operación Beta comenzó entre la noche del lunes 10 y la madrugada del martes 11 de agosto en zonas rurales de Tibú y San Calixto, Norte de Santander, después de labores de inteligencia y combates previos entre integrantes del ELN y unidades del Comando de Operaciones Especiales. Aeronaves Kfir de la Fuerza Aeroespacial participaron en la acción.
El balance divulgado posteriormente por el Ministerio de Defensa da cuenta de dos presuntos integrantes del ELN muertos, cinco áreas campamentarias y dos búnkeres destruidos, además de aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos incautadas. Entre el material encontrado aparecen 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, así como elementos de comunicaciones, intendencia y material de guerra.
La cantidad de munición para drones es uno de los datos más relevantes de la operación. Las Fuerzas Militares vienen advirtiendo sobre la expansión del uso de aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos por parte de organizaciones armadas, una capacidad que modifica el riesgo para tropas y comunidades en varias regiones del país.
Dos versiones sobre los civiles
El resultado militar, sin embargo, quedó acompañado por una alerta humanitaria. La Defensoría del Pueblo informó oficialmente que tres personas civiles campesinas, entre ellas una mujer de 44 años, resultaron heridas durante el bombardeo registrado en jurisdicción de la vereda El Sinaí, en San Calixto. La entidad también recibió información sobre desplazamientos hacia la cabecera municipal de El Tarra y desplegó equipos para verificar la situación.
Existe además una diferencia relevante sobre el lugar exacto de los hechos. El Ministerio de Defensa precisó que la operación se desarrolló en áreas rurales de Tibú y San Calixto y no específicamente en El Sinaí, mientras la Defensoría ubica allí el bombardeo relacionado con los civiles lesionados. Esa diferencia deberá ser aclarada con las verificaciones en terreno.
Defensa aseguró que la acción fue planeada bajo las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad del Derecho Internacional Humanitario. La Defensoría, por su parte, pidió a la Fuerza Pública reforzar precisamente la planeación y evaluación de estas operaciones para prevenir afectaciones a quienes no participan en las hostilidades.
Una señal temprana del nuevo Gobierno
La Operación Beta es el primer bombardeo de la administración De la Espriella, pero no significa el regreso de una capacidad que Colombia hubiera dejado de utilizar. El gobierno de Gustavo Petro también autorizó operaciones aéreas y en febrero de 2026 las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo contra estructuras del ELN en el Catatumbo.
Lo que cambia ahora es el momento político. De la Espriella recurrió a esta capacidad prácticamente al comenzar su mandato y después de haber anunciado durante la transición una ofensiva contra las organizaciones armadas que operan en la región.
El escenario tampoco es uno cualquiera. El Catatumbo arrastra una profunda crisis humanitaria por la confrontación armada. La Defensoría había documentado 68.347 personas desplazadas de esa región solo entre enero y mayo de 2025, además de miles de personas confinadas.
Por eso, el verdadero balance de la Operación Beta no se limita a los campamentos destruidos o al arsenal encontrado. También dependerá de esclarecer qué ocurrió con los campesinos heridos y si hubo más población afectada. Ese será el primer examen humanitario de la nueva ofensiva militar.
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