Empresarios, alcaldes y ahora sectores del Congreso coinciden en ampliar el mecanismo para convertir parte del impuesto de renta de las empresas en viviendas, vías, colegios y otras obras en los municipios damnificados. La fórmula ya existe, pero tendría que adaptarse a una emergencia que desbordó los territorios para los que fue diseñada.
Mientras Colombia todavía busca desaparecidos entre los escombros, comienza otra discusión igual de difícil. Cómo financiar y ejecutar rápidamente la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Una alternativa empieza a ganar terreno. Ampliar Obras por Impuestos para que grandes contribuyentes puedan invertir directamente parte de lo que deben pagar en renta en la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública.
La propuesta ya fue planteada por el Grupo Argos y la Federación Colombiana de Municipios, mientras el senador conservador Santiago Barreto Triana anunció que presentará un proyecto de ley para llevar Obras por Impuestos a la atención y reconstrucción de los municipios más golpeados por el terremoto. Hasta ahora se trata de una iniciativa anunciada y no de una ley aprobada.
Pagar impuestos construyendo lo que el terremoto destruyó
La idea es relativamente sencilla. En lugar de entregar todo el impuesto correspondiente al Gobierno para que posteriormente esos recursos entren al presupuesto y sean contratados por el Estado, una empresa puede vincularse a un proyecto aprobado, financiarlo y ejecutarlo bajo las reglas del mecanismo.
Carreteras, colegios, centros de salud, redes de servicios públicos y proyectos de gestión del riesgo ya han sido financiados de esta manera. En 2025, por ejemplo, el cupo autorizado alcanzó $1,1 billones y 145 empresas se postularon para financiar 106 proyectos por más de $1,02 billones. Otro banco de 108 proyectos superaba los $1,15 billones y contenía 30 iniciativas de gestión del riesgo por $229.143 millones.
El presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, sostiene que trasladar esa experiencia a la reconstrucción permitiría ejecutar los recursos con mayor rapidez. La empresa asegura haber estructurado cerca de 50 iniciativas mediante Obras por Impuestos y propone incluso que compañías con capacidad técnica puedan “apadrinar” territorios determinados.
El problema está en las reglas actuales
Obras por Impuestos no fue creado como un fondo nacional para atender terremotos. Su diseño está concentrado principalmente en los municipios PDET y en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, ZOMAC, aunque la legislación ha ampliado progresivamente proyectos y sectores financiables.
Por eso la Federación Colombiana de Municipios plantea una habilitación excepcional que permita usar el mecanismo en cualquier municipio afectado por el sismo, independientemente de que sea PDET o ZOMAC, y que las empresas puedan destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta a proyectos de reconstrucción.
Ahí está precisamente el reto del eventual proyecto anunciado por Barreto. No bastaría con pedir a las empresas que construyan. Habría que definir qué municipios ingresan, qué obras son prioritarias, cómo se aprueban rápidamente los proyectos, quién certifica los daños, qué controles existen y cuál sería el impacto sobre el recaudo nacional.
Una reconstrucción que necesitará múltiples fuentes
La magnitud de la tragedia hace improbable que una sola fuente de financiación sea suficiente. El balance disponible este viernes registra 285 muertos, cerca de 4.000 heridos y casi 400 desaparecidos, mientras más de 100.000 personas han resultado afectadas y decenas de miles de viviendas presentan daños.
El Banco Mundial ya desembolsó US$200 millones para atender la emergencia y comenzó una evaluación rápida de daños y pérdidas económicas. Paralelamente, el Gobierno anunció la creación del denominado Fondo Milagro y su intención de declarar la emergencia económica para movilizar recursos hacia hospitales, colegios, viviendas, carreteras y aeropuertos afectados.
Obras por Impuestos podría convertirse entonces en una pieza adicional de esa arquitectura financiera. Su ventaja es que Colombia no tendría que inventar el mecanismo desde cero. Ya existe, tiene empresas participantes, proyectos ejecutados y procedimientos conocidos. Lo que ahora se discute es algo mucho más ambicioso. Convertir temporalmente una herramienta creada para cerrar brechas en territorios golpeados por el conflicto en uno de los motores de la reconstrucción de un país golpeado por el terremoto.
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