El proceso que debía ordenar el cambio de gobierno terminó convertido en el primer gran pulso político antes del 7 de agosto.
El presidente electo Abelardo de la Espriella pidió suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro, una decisión que eleva la tensión de la transición presidencial y deja en pausa el intercambio formal de información entre el Ejecutivo saliente y el equipo que asumirá el poder el 7 de agosto.
La instrucción fue dirigida al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien venía liderando el empalme por parte del nuevo gobierno. De la Espriella justificó la medida con una acusación frontal contra el gobierno saliente, al que calificó de “corrupto” y señaló de tomar decisiones que, según él, comprometen el interés nacional.
Una transición rota
El empalme ya venía golpeado. Restrepo había solicitado formalmente a Petro la instalación inmediata del proceso y propuso un esquema de revisión “anticorrupción”, con énfasis en contratación, nombramientos, presupuesto, situación fiscal y decisiones administrativas de última hora.
Del lado del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió que la transición debía manejarse por canales técnicos y no como un “show mediático”. Ese cruce marcó el primer choque público entre ambos equipos.
El detonante político
La suspensión ocurre después de que Petro cuestionara la legitimidad del triunfo de De la Espriella y mantuviera señalamientos sobre presuntas irregularidades electorales. Ese ambiente terminó convirtiendo el empalme en algo más que un trámite administrativo, hoy es una disputa por legitimidad, narrativa y control del cierre de gobierno.
El proceso venía marcado por desconfianza, gabinete en formación y señales de que De la Espriella quiere gobernar desde antes de posesionarse, usando el empalme como una primera plataforma política.
Lo que está en juego
Suspender el empalme no es un detalle menor. Ese proceso permite conocer el estado real de ministerios, contratos, presupuesto, deuda, programas, nombramientos, litigios y compromisos internacionales. Si la ruptura se prolonga, el nuevo gobierno podría llegar al 7 de agosto con menos información formal para tomar decisiones.
El país queda ahora ante una transición inédita, un presidente electo que denuncia al gobierno saliente, un presidente saliente que cuestiona la legitimidad del entrante y un empalme que, lejos de ser técnico, se convirtió en el primer campo de batalla del nuevo poder.
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