António Guterres sostiene que el pacto de 2016 sigue siendo una herramienta para seguridad, desarrollo y presencia estatal. El informe llega con una advertencia contundente: en 2026 aumentaron los intentos de homicidio contra excombatientes.
El tercer Gobierno del Acuerdo
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, defendió la vigencia del Acuerdo Final de Paz de 2016 y pidió continuidad en su implementación durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El mensaje aparece en el informe trimestral de la Misión de Verificación que cubre el periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026.
Guterres subrayó que la nueva administración es la tercera que hereda las instituciones, compromisos y avances creados por el Acuerdo. Aunque señaló que el Ejecutivo todavía no ha detallado integralmente su enfoque de implementación, registró que el Gobierno manifestó intención de cumplir la Constitución y las obligaciones jurídicas derivadas del pacto.
Tierra y reincorporación
El informe destaca la Reforma Rural Integral como una herramienta para fortalecer presencia estatal, desarrollo económico y reducción de condiciones que alimentan economías ilícitas. También resalta los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el mecanismo de Obras por Impuestos como instrumentos que ya existen y pueden aprovecharse para intervenir regiones golpeadas por conflicto y pobreza.
En reincorporación, Naciones Unidas calcula que más de 11.000 excombatientes permanecen vinculados al proceso. La organización advierte, sin embargo, incertidumbre sobre financiación y sobre la institucionalidad que continuará liderando esta política. Para la ONU, mantener recursos y reglas claras es clave para reducir el riesgo de reclutamiento por nuevos grupos armados.
La seguridad sigue fallando
La parte más crítica del informe está en las garantías de seguridad. La Misión verificó ocho asesinatos de excombatientes durante el trimestre, seis de ellos en agosto. Con esos casos, el acumulado de 2026 llegó a 13. Además, se registraron 15 intentos de homicidio durante el año, frente a cinco en 2025.
Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 501 asesinatos de exintegrantes de las FARC-EP, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. A esto se suman 1.173 casos de reclutamiento de menores documentados por la Defensoría del Pueblo entre 2024 y julio de 2026.
El informe será presentado el 12 de octubre ante el Consejo de Seguridad. Su mensaje central es incómodo para cualquier gobierno: el Acuerdo no se presenta como una política de una administración específica, sino como una arquitectura de Estado que todavía tiene obligaciones pendientes y resultados por demostrar en los territorios.
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