Una fundación advierte riesgos para la representación judicial y el acompañamiento de quienes esperan respuestas del conflicto armado.
La Fundación Forjando Futuros solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 634 víctimas del conflicto armado ante el recorte presupuestal de más de $170.000 millones proyectado para la Jurisdicción Especial para la Paz en 2027.
La organización representa principalmente a víctimas campesinas de Antioquia, Córdoba y Chocó que participan en procesos sobre desapariciones, desplazamiento y otros crímenes del conflicto. Su petición busca asegurar recursos para representación jurídica, acompañamiento psicosocial y herramientas tecnológicas de acceso a las audiencias.
El dinero y los expedientes
Gerardo Vega Medina, abogado de la fundación, explicó que las personas acreditadas deben poder seguir las diligencias y conocer las declaraciones de los comparecientes. La reducción de recursos, sostiene la organización, puede restringir esos espacios y afectar el ejercicio de los derechos a la verdad y la justicia.
El debate presupuestal viene desde septiembre. El secretario ejecutivo de la JEP advirtió ante el Congreso que un ajuste de esa magnitud comprometería servicios esenciales de funcionamiento y atención territorial. En sentido contrario, sectores de oposición cuestionaron gastos administrativos y plantearon la posibilidad de recortes internos para reducir su impacto operativo.
La solicitud ante la CIDH se suma a las gestiones de organizaciones y representantes de víctimas, que ya habían denunciado en septiembre los riesgos del ajuste presupuestal. Solicitar una medida cautelar no significa que el organismo internacional la haya concedido.
La discusión enfrenta la reducción del gasto público con una obligación concreta del sistema de justicia transicional: garantizar que las víctimas puedan participar efectivamente en los procesos.
Deja una respuesta