El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral identifica 81 municipios en riesgo extremo, un aumento del 65 % frente a 2022, y alerta sobre focos críticos en varias subregiones del país.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su estudio Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones Nacionales 2026, elaborado por 37 analistas de 17 instituciones. El documento detecta 170 municipios con algún nivel de riesgo por coincidencia de factores de violencia y posibles irregularidades electorales, de los cuales 81 están en riesgo extremo, un aumento de 65 % frente a las elecciones de 2022.
Los riesgos no solo incluyen amenazas directas contra candidatos, sino también condiciones estructurales que podrían afectar la transparencia del proceso electoral, como presencia de actores armados ilegales, concentración de poder político, restricciones a la movilidad de votantes y antecedentes de violencia política.
Focos críticos del país
El informe señala las siguientes subregiones con riesgo extremo:
• Arauca
• Nordeste Antioqueño
• Sur de Bolívar
• Andén Pacífico
• Norte del Cauca
• Suroriente colombiano (algunos municipios de Meta, Caquetá y Guaviare)
• Medio y bajo Putumayo
Estas zonas requieren atención especial por parte de las autoridades, partidos políticos y veedores para garantizar elecciones libres y seguras. (moe.org.co)
Incremento de riesgos
La MOE destaca que, en comparación con las elecciones presidenciales de 2022, el número de municipios en riesgo extremo aumentó en 65 %, mientras que los municipios con riesgo alto y medio también presentan incrementos significativos. El informe subraya que este crecimiento refleja una mayor concentración de factores de violencia y vulnerabilidad electoral en territorios previamente identificados.
Qué significa para los comicios
Aunque el informe no indica que se vaya a producir fraude o violencia, sí advierte que las condiciones identificadas podrían afectar el libre ejercicio del voto si no se toman medidas de prevención. Por eso, la MOE recomienda reforzar la presencia institucional, la seguridad en las zonas críticas y la observación ciudadana, así como garantizar mecanismos de denuncia y protección para candidatos, votantes y testigos electorales.
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