La diligencia judicial contra el expresidente, inicialmente prevista para julio, fue reprogramada para agosto. El proceso investiga su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la supuesta conformación de una estructura paramilitar en Antioquia.
Uno de los procesos judiciales más sensibles contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez volverá a esperar. La Fiscalía General de la Nación decidió reprogramar para el mes de agosto la diligencia de indagatoria que inicialmente estaba prevista para julio dentro de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja, dos de los episodios más violentos del conflicto armado ocurridos en Antioquia durante la década de 1990.
La diligencia hace parte de una investigación que también incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta relación del exmandatario con la conformación de estructuras paramilitares que habrían operado desde la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia en esa época. La Fiscalía investiga posibles delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, sin que ello implique una declaración de responsabilidad penal.
Un expediente que lleva casi tres décadas
Las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), perpetradas por grupos paramilitares en el municipio de Ituango (Antioquia), son consideradas dos de los casos más emblemáticos del conflicto armado colombiano. En ambos hechos fueron asesinados civiles, se registraron desplazamientos masivos y numerosas viviendas fueron destruidas o incendiadas.
Durante años, organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y organismos judiciales han solicitado esclarecer si existieron omisiones o colaboraciones de funcionarios públicos con las estructuras armadas ilegales que operaban en esa región. Es en ese contexto donde la Fiscalía mantiene abierta la investigación contra el expresidente, quien para la época ejercía como gobernador de Antioquia.
La defensa insiste en su inocencia
Álvaro Uribe ha rechazado de manera reiterada las acusaciones y sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas. En diferentes pronunciamientos públicos ha afirmado que nunca promovió ni apoyó grupos paramilitares y que durante su gestión combatió a las organizaciones ilegales que operaban en el departamento.
Días atrás, el exmandatario informó que la Procuraduría había solicitado aplazar la diligencia al considerar que aún faltaban pruebas por practicar. Inicialmente, la Fiscalía negó esa petición y mantuvo la citación para julio. Sin embargo, posteriormente decidió reprogramarla para agosto, decisión que volvió a poner el expediente en el centro del debate político y judicial del país.
Un proceso con alto impacto político
La nueva fecha coincide con el inicio del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, aliado político del expresidente y respaldado por el Centro Democrático, lo que mantiene el caso bajo un intenso escrutinio público.
Mientras los sectores cercanos a Uribe consideran que la investigación constituye una persecución judicial, organizaciones de víctimas insisten en que la diligencia representa una oportunidad para avanzar en el esclarecimiento de hechos que permanecen sin respuesta desde hace casi treinta años.
La indagatoria no constituye un juicio ni una condena. Se trata de una etapa procesal en la que la Fiscalía comunica formalmente los hechos investigados, escucha la versión del indagado y recauda elementos para definir si existen méritos para continuar con el proceso penal.
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