La Fiscalía imputó a la exgobernadora Barrios por presuntas irregularidades en tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. La investigación habla de contratos por más de $91.500 millones.
La exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, volvió a quedar en el centro de una de las investigaciones más delicadas relacionadas con el manejo de recursos públicos en el departamento. La Fiscalía General de la Nación le imputó varios delitos por presuntas irregularidades en la estructuración y ejecución de tres proyectos financiados con regalías que superaron los $91.542 millones.
La decisión judicial, revelada por la Fiscalía el 2 de junio, revive uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Arauca porque involucra obras de alto impacto para la región y recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
El corazón de la investigación
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando la entonces gobernadora designó como ejecutora de tres proyectos a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA). Según el ente acusador, la entidad seleccionada no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar recursos públicos de regalías y tampoco figuraba inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales del Ministerio del Interior.
Los proyectos investigados contemplaban la construcción de redes de alcantarillado pluvial en el sector Playitas de Arauca y obras relacionadas con las celdas dos y tres del relleno sanitario de Tame. La Fiscalía sostiene además que varias de las iniciativas no aparecían incorporadas en el plan de desarrollo departamental ni estaban registradas en el banco de proyectos del Fondo Nacional de Regalías.
Un estudio elaborado por una persona fallecida
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores aparece en la documentación técnica utilizada para soportar los proyectos. Según la Fiscalía, uno de los estudios topográficos habría sido elaborado por una persona que había fallecido ocho años antes de la fecha en que supuestamente se emitió el documento y que además no tenía título profesional de topógrafo.
Para el ente acusador, este y otros elementos evidenciarían presuntas irregularidades en las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de las iniciativas. La investigación también señala que se habrían utilizado certificaciones, decretos y soportes técnicos cuya autenticidad está siendo cuestionada dentro del proceso.
Más de $40.000 millones bajo la lupa
La Fiscalía aseguró que el posible actuar irregular habría favorecido a terceros que terminaron apropiándose de recursos públicos. El cálculo preliminar de los investigadores habla de una afectación patrimonial cercana a $40.327 millones, representada presuntamente en sobrecostos, apropiación de tributos territoriales y pagos anticipados considerados excesivos.
Precisamente por la magnitud de los recursos comprometidos, el expediente quedó bajo seguimiento del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar posibles hechos de corrupción relacionados con regalías.
Los delitos imputados
La exmandataria fue imputada por los delitos de:
• Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
• Falsedad ideológica en documento público.
• Uso de documento falso.
• Prevaricato por acción.
• Peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
• Peculado por apropiación simple.
La Fiscalía aclaró que la imputación no constituye una condena y que será el proceso judicial el que determine si existe o no responsabilidad penal
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