Durante dos décadas ayudó a agencias de Estados Unidos a perseguir narcotraficantes. Ahora, una agente del FBI sostiene que Jorge Luis Hernández Villazón habría usado ese prestigio para cobrar millones de dólares por beneficios judiciales que nunca podía garantizar.
Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, construyó su poder en una frontera difícil de ver. Conocía a narcotraficantes, abogados y agentes federales; sabía cómo funcionaban las entregas, las extradiciones y los acuerdos de cooperación. Esa cercanía, que durante años lo convirtió en un informante valioso de Estados Unidos, hoy aparece como la herramienta central de una presunta estafa contra los mismos capos que buscaban negociar con la justicia.
Una declaración jurada del FBI sostiene que, desde 2020, Hernández habría ofrecido a por lo menos seis narcotraficantes colombianos y dominicanos condenas reducidas y condiciones de reclusión semejantes a una detención domiciliaria. A cambio, habría exigido pagos cercanos al millón de dólares por cliente, recibidos mediante efectivo, joyas, vehículos, propiedades y transferencias. La acusación afirma que no tenía autoridad para prometer esos resultados y que, cuando los beneficios no llegaban, trasladaba la responsabilidad a los abogados. Hernández permanece procesado por conspiración para cometer fraude electrónico y conserva la presunción de inocencia.
El hombre que conocía el sistema desde adentro
“Boliche” no era un intermediario improvisado. Comenzó como traficante de cocaína vinculado a estructuras paramilitares y, tras acercarse a la DEA a comienzos de este siglo, desarrolló una extensa red de informantes en América Latina y el Caribe. Su influencia llegó al punto de trabajar desde una fuerza de tarea federal en Tampa y participar después en operaciones encubiertas para el FBI. La DEA terminó su relación formal con él en 2008, luego de que fuera señalado de amenazar con revelar identidades de colaboradores si no recibía dinero.
Años más tarde reapareció como pieza fundamental en el proceso que llevó a la condena de dos antiguos agentes de la DEA por recibir pagos y filtrar información reservada sobre investigaciones, acusaciones selladas y futuras capturas. Hernández grabó conversaciones para el FBI y declaró como testigo, mientras documentos judiciales mostraban cómo la información confidencial podía utilizarse para captar narcotraficantes como clientes de costosos bufetes de Miami.
El vínculo con el dinero de Álex Saab
El expediente también revive otro capítulo de su trayectoria. Hernández fue condenado por conspiración para lavar dinero relacionado con Álex Saab, empresario colombiano vinculado durante años al Gobierno venezolano. Parte de esa operación pasó por cuentas del profesor Bruce Bagley, de la Universidad de Miami, quien admitió haber recibido cerca de tres millones de dólares provenientes de cuentas controladas por Saab y retener una comisión antes de reenviar los recursos.
Las nuevas revelaciones agregan un componente político y jurídico. Documentos revisados en Estados Unidos mencionan a colaboradores y a un abogado colombiano identificado como presunto coconspirador no acusado. Una investigación periodística relacionó esa referencia con Daniel Peñarredonda, antiguo socio de una firma jurídica colombiana, aunque no existe una acusación formal ni una condena contra él por estos hechos. Tampoco hay en el expediente conocido una imputación contra Abelardo de la Espriella.
El caso deja una pregunta inquietante. ¿Cuánto poder informal puede acumular una persona cuando conoce simultáneamente los secretos de los narcotraficantes, los métodos de las agencias federales y las puertas de entrada a los grandes bufetes? Esa es la historia que ahora deberá esclarecer una corte de Florida.
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