La acción judicial vuelve a poner en el centro del debate el deterioro de uno de los corredores viales más importantes del departamento. La Personería sostiene que, pese a una orden judicial vigente, las medidas exigidas para garantizar la transitabilidad de la carretera aún no se han cumplido.
La controversia por el estado de la vía que comunica a Tame con Puerto Rondón dio un nuevo giro jurídico. La Personería Municipal de Puerto Rondón solicitó a un juez abrir un incidente de desacato contra el gobernador de Arauca, al considerar que no se ha cumplido el fallo judicial que ordenó adoptar medidas para recuperar y garantizar la movilidad sobre este corredor estratégico.
La petición fue radicada por el personero Óscar Fernando Vanegas Ávila, quien sostiene que las órdenes impartidas por la justicia continúan sin ejecutarse plenamente, pese a que la carretera sigue presentando graves afectaciones que dificultan el tránsito de vehículos, el transporte de productos agropecuarios y el acceso de los habitantes a servicios esenciales.
Un fallo que aún no se cumple
El origen del caso se remonta a una acción judicial promovida por la Personería para proteger los derechos colectivos de los habitantes de Puerto Rondón, quienes durante años han denunciado el deterioro de la vía Tame–Puerto Rondón y sus impactos sobre la movilidad, la economía y la prestación de servicios públicos.
Según la Personería, el juez concluyó que existía una vulneración de esos derechos y ordenó a las autoridades departamentales adelantar acciones concretas para intervenir el corredor vial. Sin embargo, el Ministerio Público considera que las obligaciones fijadas en la sentencia no se han materializado dentro de los plazos previstos.
La solicitud de desacato
El incidente de desacato no busca reabrir el proceso judicial, sino verificar si la autoridad obligada cumplió o no la orden impartida por el juez.
De prosperar la solicitud, el despacho judicial podrá requerir explicaciones al gobernador y evaluar si existió un incumplimiento injustificado del fallo. La legislación colombiana prevé que, en estos casos, el juez puede imponer sanciones personales como multas e incluso arresto cuando se demuestre un desacato a una orden judicial. De acuerdo con la información divulgada por medios regionales, el fallo contempla una multa equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor de la Rama Judicial.
Una carretera clave para el departamento
La vía Tame–Puerto Rondón constituye el principal corredor terrestre entre ambos municipios y es fundamental para el transporte de ganado, productos agrícolas, combustibles, mercancías y pasajeros. Durante las temporadas de lluvia, varios tramos suelen presentar pérdida de banca, inundaciones y deterioro de la carpeta de rodadura, situación que incrementa los tiempos de desplazamiento y los costos del transporte.
Para los habitantes de Puerto Rondón, el estado de esta carretera también tiene implicaciones sobre el acceso a servicios de salud, educación y abastecimiento, razón por la cual la Personería insiste en que el cumplimiento del fallo judicial no admite más demoras.
Ahora será el juez quien determine si existen méritos para abrir formalmente el incidente de desacato y establecer si la administración departamental cumplió, o no, las órdenes impartidas para recuperar una de las vías más importantes del oriente araucano.
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