Los capturados por el asesinato del periodista judicial son señalados como autores materiales y logísticos, pero la pregunta central sigue abierta: quién ordenó matar a una voz que venía denunciando narcopolítica, corrupción y violencia en Norte de Santander.
Tres capturados y una pregunta pendiente
El asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta sigue revelando capas de una historia que va más allá del sicariato. Las autoridades capturaron a tres personas señaladas de participar en el crimen: Jhon Sebastián Duque Andrade, alias ‘Demonio’, quien sería el presunto autor material; Wilmer Alexander Portillo González y Angélica Vesga Arenas, investigados por presuntas labores de logística, seguimiento y transporte.
Según la Policía y la Fiscalía, los capturados estarían relacionados con la estructura criminal conocida como ‘La Familia P’, una organización señalada de operar en Cúcuta mediante homicidios, cobros ilegales y servicios de sicariato. Alias ‘Demonio’ habría disparado contra Herrera el pasado 6 de junio, cuando el comunicador se encontraba con familiares en el barrio Quinta Oriental.
Lo que investigaba Herrera
Antes de ser asesinado, Cristian Herrera publicaba denuncias sobre narcopolítica, corrupción, violencia urbana y presuntos vínculos entre estructuras criminales y sectores de poder en Norte de Santander. En sus redes había advertido sobre diligencias de la Fiscalía relacionadas con homicidios y con un político regional al que describió como alguien que “posa de impoluto”.
Esa línea es hoy una de las más sensibles del expediente. Aunque las capturas representan un avance contra los presuntos ejecutores del crimen, organizaciones defensoras de la libertad de prensa han pedido que la investigación no se quede en los autores materiales y llegue hasta los posibles determinadores.
La sombra de La Familia P
La hipótesis sobre la participación de ‘La Familia P’ aumentó la preocupación en Cúcuta. Medios regionales han documentado que esta estructura tendría capacidad para ejecutar crímenes por encargo y prestar servicios criminales a terceros. Por eso, una de las preguntas clave es si el asesinato fue ordenado directamente desde esa organización o si el grupo actuó contratado por otro actor interesado en silenciar al periodista.
Las autoridades también revisan cámaras de seguridad, celulares incautados, rutas de escape, comunicaciones y posibles pagos asociados al crimen. Más de 400 horas de video habrían sido analizadas para ubicar a los sospechosos.
Un caso contra la libertad de prensa
Cristian Herrera era reconocido por su trayectoria en periodismo judicial y por sus denuncias sobre criminalidad en la frontera. Había sido amenazado, estuvo fuera del país por razones de seguridad y hacía parte del consejo directivo de la FLIP.
Su asesinato no solo golpeó a su familia y al periodismo de Norte de Santander. También dejó una advertencia para el país: cuando un periodista que investiga corrupción y violencia es asesinado, la justicia debe responder una pregunta completa, no apenas parcial. No basta saber quién disparó. Hay que establecer quién pidió el crimen, quién se benefició y qué verdades buscaban enterrar con él.
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