Durante años, cinco mujeres habrían tenido que entregar parte de sus salarios para conservar sus cargos en el Congreso. La Corte Suprema concluyó que la exrepresentante Tatiana Cabello abusó de su poder para quedarse con parte del dinero de sus colaboradoras.
La política que alguna vez llegó al Congreso con la bandera de la lucha contra la corrupción terminó condenada precisamente por aprovechar el poder de su cargo para obtener beneficios económicos.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Tatiana Cabello Flórez, exrepresentante a la Cámara por Bogotá elegida por el Centro Democrático para el periodo 2014-2018, a 12 años y un día de prisión tras hallarla responsable del delito de concusión continuada. Según el alto tribunal, obligó a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a entregarle periódicamente parte de sus salarios como condición para conservar sus empleos.
La decisión representa uno de los fallos más severos conocidos en los últimos años por hechos de corrupción relacionados con el manejo de las UTL, estructuras financiadas con recursos públicos para apoyar la labor legislativa de los congresistas.
El precio de conservar el empleo
La investigación estableció que las víctimas debían devolver mensualmente sumas de dinero después de recibir ascensos o incrementos salariales. En algunos casos, las entregas se hacían mediante consignaciones bancarias; en otros, a través de colaboradores cercanos de la entonces congresista, quienes presuntamente actuaban como intermediarios para recibir el dinero.
Para la Corte, no se trató de aportes voluntarios ni de préstamos. La sentencia concluyó que Cabello utilizó la autoridad que le otorgaba su investidura para exigir esos pagos, aprovechándose de la dependencia laboral de sus colaboradoras.
«Cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo consciente de la prohibición de su comportamiento», señala la decisión judicial.
Un proceso que tardó casi nueve años
El caso comenzó en 2017, cuando dos denuncias alertaron sobre presuntas irregularidades dentro de la UTL de la representante. La Corte Suprema abrió investigación formal en 2020, llamó a juicio a Cabello en 2021 y, tras la práctica de pruebas y varias etapas procesales, profirió ahora la sentencia condenatoria.
Además de la pena de prisión, el alto tribunal impuso una multa equivalente a 500 salarios mínimos, una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 116 meses y 29 días, ordenó indemnizar a las víctimas y negó tanto la prisión domiciliaria como la suspensión condicional de la pena. La orden de captura se hará efectiva cuando la decisión quede en firme.
La investigación podría crecer
La sentencia no cerró definitivamente el caso. La Corte compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la excongresista por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenazas, al considerar que durante el proceso surgieron elementos que ameritan nuevas actuaciones penales.
Más allá de la condena individual, el fallo revive un debate recurrente sobre el manejo de las Unidades de Trabajo Legislativo y los controles internos del Congreso. Aunque la mayoría de congresistas utiliza estos equipos para apoyar su labor legislativa, varios procesos judiciales en los últimos años han evidenciado cómo algunos despachos terminaron convirtiendo recursos públicos destinados al funcionamiento institucional en mecanismos de beneficio personal.
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