El representante Manuel Alexander Pérez aseguró que algunas compañías estarían evaluando abandonar el departamento porque las exigencias económicas de grupos armados están comprometiendo su viabilidad. No reveló cuáles son y ninguna ha confirmado públicamente su salida, pero el problema tiene antecedentes que van mucho más allá de una denuncia política.
Arauca lleva años intentando atraer inversión. El problema ahora podría ser conservar la que ya tiene. El representante a la Cámara Manuel Alexander Pérez Rueda advirtió que algunas empresas estarían considerando salir del departamento debido a las extorsiones y presiones económicas ejercidas por organizaciones armadas ilegales.
El congresista hizo el pronunciamiento en declaraciones difundidas por la emisora Calor Stereo, medio de comunicación de la capital araucana, y aseguró que conoce compañías cuya situación habría llegado a un punto crítico. “Sé que están pensando en irse del departamento porque las extorsiones ya los tienen prácticamente en la quiebra”, afirmó Pérez.
Hay una precisión necesaria. El representante no reveló los nombres de esas empresas porque, según dijo, no está autorizado para hacerlo, y hasta ahora ninguna de las compañías mencionadas de manera genérica ha anunciado públicamente que abandonará Arauca. Por eso no puede presentarse todavía una eventual salida como un hecho consumado.
El problema no empezó esta semana
La advertencia del congresista encuentra, sin embargo, un antecedente institucional difícil de ignorar. En febrero de 2023, después de recorrer varios municipios, la Defensoría del Pueblo alertó que amenazas, extorsiones y ataques contra empresas estaban golpeando directamente la economía regional. Entonces calculó que unos 6.000 empleos directos podían estar en riesgo y que las afectaciones podían representar pérdidas de hasta $5.000 millones diarios en transferencias de regalías para municipios, departamento y Nación.
Tres años después, las autoridades continúan encontrando estructuras dedicadas precisamente a financiarse mediante esos cobros.
En febrero de 2026, Policía, Ejército y Fiscalía capturaron a alias Monchi, señalado como presunto dinamizador financiero de la estructura Camilo Cienfuegos del ELN. Según la Policía, esa red coordinaba extorsiones contra contratistas, ganaderos, comerciantes, transportadores y población civil de Arauca y Arauquita.
Incluso las cifras oficiales merecen una lectura cuidadosa. El Departamento de Policía Arauca reportó que las denuncias por extorsión disminuyeron 21 % durante 2025 frente al año anterior. Esa reducción estadística no permite, por sí sola, confirmar ni desmentir la situación empresarial descrita ahora por Pérez, que deberá contrastarse con denuncias, investigaciones y testimonios verificables de las compañías afectadas.
Cuando la extorsión deja de ser solo un problema de seguridad
Pérez plantea que llevará el asunto ante el Gobierno nacional. Aseguró que solicitó una reunión con la viceministra Carrasquilla y que el 25 de agosto espera abordar la situación con el ministro de Defensa. También mencionó preocupaciones en Puerto Rondón y Saravena. El problema económico detrás de la advertencia es sencillo.
Una empresa que paga extorsiones no solamente pierde dinero. Puede reducir inversiones, dejar de contratar trabajadores, subir costos, cancelar operaciones o concluir que permanecer en el territorio ya no resulta viable. Y Arauca parte de una estructura empresarial particularmente frágil.
Datos de la Cámara de Comercio muestran que alrededor del 95 % de las matrículas de su jurisdicción corresponden a microempresas, negocios con mucha menos capacidad financiera para absorber pérdidas extraordinarias. Cuando el miedo consigue expulsar empresas, la extorsión termina cobrándosela también a quienes nunca recibieron una llamada amenazante, pero dependen de esos negocios para trabajar.
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