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Colombia prohíbe las quemas rurales mientras crece el riesgo de nuevos incendios

MinAmbiente suspendió temporalmente las quemas controladas utilizadas para preparar cultivos, eliminar rastrojos, realizar descapotes mineros o enfrentar heladas. La medida llega mientras cientos de municipios permanecen bajo algún nivel de alerta por incendios forestales.

Encender fuego para preparar un terreno agrícola, eliminar residuos de una cosecha o realizar determinadas labores mineras dejará temporalmente de estar permitido de manera general en las zonas rurales de Colombia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció este sábado la suspensión nacional de las quemas abiertas controladas, una decisión preventiva ante las altas temperaturas, el déficit de lluvias y el creciente riesgo de incendios de cobertura vegetal asociado al fortalecimiento del fenómeno de El Niño.


La restricción comprende las quemas utilizadas para preparar suelos agrícolas, realizar descapote en actividades mineras, recoger cosechas o eliminar rastrojos y controlar los efectos de las heladas. No debe confundirse, por tanto, con una prohibición nueva de cualquier actividad que utilice fuego en el campo. La regulación ambiental colombiana ya establece fuertes restricciones para las quemas abiertas y contempla reglas especiales para aquellas que excepcionalmente pueden realizarse de manera controlada.


Un fuego controlado puede dejar de serlo en minutos


La decisión llega en un momento particularmente delicado. El Ministerio estima que alrededor del 95 % de los incendios forestales en Colombia está relacionado con acciones humanas, entre ellas quemas, fogatas, colillas de cigarrillo, fósforos y actuaciones deliberadas. Además, advierte que un ecosistema boscoso alcanzado por las llamas puede necesitar entre 25 y 30 años para recuperarse y, aun después de ese periodo, no necesariamente vuelve a sus condiciones originales.


Según el balance divulgado este sábado, 539 municipios presentaban algún nivel de alerta por incendios, 235 de ellos en alerta roja, mientras la UNGRD había registrado 600 incendios en 226 municipios y cerca de 14.872 hectáreas afectadas con corte al 15 de agosto.


El caso del Tolima muestra la dimensión del riesgo. Durante los últimos días el departamento ha enfrentado decenas de focos simultáneos y miles de hectáreas consumidas, hasta el punto de requerir refuerzos de bomberos provenientes de otras regiones.


Habrá excepciones, pero deberán justificarse


La suspensión no es necesariamente absoluta en todos los territorios. Las autoridades ambientales podrán autorizar excepciones mediante actos motivados cuando existan condiciones técnicas que demuestren que la actividad no incrementará el riesgo.
Para hacerlo deberán considerar, entre otros elementos, los pronósticos del Ideam, puntos de calor, calidad del aire, recomendaciones de puestos de mando unificado y condiciones climáticas.

Ese esquema ya forma parte de los instrumentos utilizados anteriormente por MinAmbiente para restringir estas prácticas durante episodios extremos de El Niño. Quienes desconozcan la restricción pueden exponerse a procesos sancionatorios ambientales, multas, medidas de Policía e incluso investigaciones penales, dependiendo de las consecuencias provocadas.


La medida permanecerá mientras persistan las condiciones climáticas que justifican la restricción. En un país donde la mayoría de los incendios empieza por intervención humana, la apuesta es sencilla. Evitar que la próxima emergencia comience con una llama que alguien creyó tener bajo control.

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