La seguridad vuelve a tocar una de las discusiones jurídicas más sensibles del país. El Gobierno prepara una nueva legislación contra el terrorismo, pero sus verdaderos alcances dependerán de un texto que todavía no ha sido llevado al Congreso.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en la construcción de un nuevo Estatuto Antiterrorista, una de las reformas con las que busca fortalecer su política de seguridad y enfrentar a estructuras armadas y organizaciones que ha denominado narcoterroristas.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que el nuevo viceministro de Diálogo Social, Jorge Roa, participará en la elaboración de la iniciativa y señaló que el proyecto ya fue presentado al Presidente para continuar su construcción.
Hasta este martes, sin embargo, no aparece públicamente radicado un proyecto con ese nombre en el Congreso, por lo que todavía no es posible establecer qué nuevas facultades, delitos, procedimientos o aumentos de penas propondrá el Ejecutivo.
Seguridad como prioridad
El anuncio encaja con la línea adoptada por De La Espriella desde sus primeros días de Gobierno. La Presidencia ha situado el terrorismo, narcotráfico, extorsión y recuperación del control territorial entre los ejes principales de su nueva política de seguridad.
La gran discusión empezará cuando se conozca el articulado.
Colombia ya cuenta con delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, concierto para delinquir, utilización de explosivos y un régimen legal de inteligencia y contrainteligencia. Por eso, la pregunta no será simplemente si el país necesita combatir con mayor fuerza estas conductas, sino qué herramientas adicionales pretende entregar el Gobierno y hasta dónde llegarían.
Colombia ya vivió esto
El nombre tiene un antecedente inevitable.
Durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe, el Congreso aprobó en 2003 una reforma constitucional para enfrentar el terrorismo que permitía, bajo determinadas circunstancias, medidas como capturas, allanamientos e interceptaciones sin orden judicial previa y otorgaba funciones especiales a integrantes de la Fuerza Pública.
La Corte Constitucional declaró inexequible esa reforma en 2004 debido a un vicio de procedimiento ocurrido durante su aprobación en el Congreso. Posteriormente, la ley estatutaria diseñada para desarrollar esas facultades perdió su fundamento constitucional. Eso no significa que un nuevo estatuto sea automáticamente inconstitucional.
El Congreso tiene competencia para expedir normas relacionadas con seguridad y orden público. El límite estará en la Constitución, particularmente en garantías como la libertad personal, intimidad, debido proceso, inviolabilidad de las comunicaciones y control judicial.
El verdadero debate viene ahora
El Gobierno todavía tiene que mostrar sus cartas.
Si la iniciativa se concentra en actualizar delitos, fortalecer inteligencia, mejorar investigación criminal o atacar las finanzas de organizaciones terroristas, el debate será principalmente de eficacia. Si pretende flexibilizar capturas, allanamientos, interceptaciones o controles judiciales, la discusión será mucho más profunda y probablemente terminará nuevamente frente a la Corte Constitucional.
Por ahora hay una decisión política clara. Colombia volverá a discutir hasta dónde puede endurecer la lucha contra el terrorismo sin debilitar las garantías que precisamente distinguen al Estado de quienes combate.
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