El Presidente ordenó operativos desde esta semana y puso la migración irregular dentro de su estrategia de seguridad. La medida es legalmente posible, pero no convierte una deportación masiva e inmediata en un trámite automático.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía iniciar operativos para identificar extranjeros en situación irregular y avanzar en su deportación, dando prioridad a quienes estén involucrados en actividades delictivas. La instrucción fue impartida durante un consejo de seguridad en Barranquilla y marca uno de los primeros giros fuertes de su Gobierno en política migratoria.
De La Espriella sostuvo que no aceptará inmigración irregular y presentó la decisión como parte de su ofensiva contra la inseguridad. Sin embargo, hay una diferencia jurídica importante entre estar irregularmente en Colombia y cometer un delito. La primera es una infracción al régimen migratorio; la segunda requiere una actuación penal y las correspondientes garantías judiciales.
Deportar no es automático
El Presidente puede endurecer los controles migratorios, pero cada deportación debe ajustarse al procedimiento previsto por la legislación colombiana. El Decreto 1067 de 2015 permite deportar, entre otras causales, a quien ingrese irregularmente al país o permanezca sin autorización. Pero la decisión corresponde a Migración Colombia mediante resolución motivada y, como regla general, el extranjero puede interponer recursos contra ella.
La Corte Constitucional ha sido todavía más clara. Incluso las personas que permanecen irregularmente en Colombia conservan el derecho al debido proceso durante procedimientos de deportación o expulsión. Esto significa que el anuncio presidencial puede acelerar controles y aumentar deportaciones, pero no habilita una expulsión indiscriminada de extranjeros sin procedimientos individuales.
Un giro de política
La magnitud potencial de la medida es considerable. Migración Colombia estimó que, a enero de 2026, vivían en el país 2,84 millones de venezolanos, de los cuales cerca del 82 % tenía condición migratoria regular. Colombia pasó durante la última década de responder a la migración venezolana principalmente mediante mecanismos de regularización —entre ellos el Estatuto Temporal de Protección— a una política que ahora pone el control, las deportaciones y la seguridad en primer plano.
El punto más delicado será evitar que esa relación política entre migración y seguridad termine convirtiendo la nacionalidad o la condición migratoria en una presunción de criminalidad. Un extranjero irregular puede ser objeto de un procedimiento migratorio, pero eso no significa que haya cometido un delito.
Arauca, frontera sensible
Para Arauca la decisión tendrá una lectura especialmente importante. El departamento concentra alrededor del 11,9 % de los movimientos pendulares registrados en la frontera colombo-venezolana, solo por detrás de Norte de Santander. Allí la migración no es únicamente permanencia. Miles de personas cruzan la frontera por comercio, trabajo, servicios y relaciones familiares.
El reto será distinguir entre movilidad fronteriza autorizada, permanencia irregular y criminalidad sin tratar tres fenómenos diferentes como si fueran uno solo. El Gobierno ya dio la orden política. La verdadera prueba empezará ahora, cuando esa promesa de mano dura tenga que pasar por la ley, los jueces y la compleja realidad de una frontera de más de 2.200 kilómetros.
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