De La Espriella escogió a una jurista de extensa carrera universitaria y estrechos vínculos con instituciones católicas. Su paso por la Procuraduría fue tan activo como polémico y llegó a provocar órdenes de rectificación de la Corte Constitucional.
La nueva ministra de Educación no viene de administrar secretarías de educación ni de dirigir el sistema escolar colombiano.
Viene principalmente del derecho, la academia, la Procuraduría y los debates sobre familia, infancia y valores.
Ilva Myriam Hoyos Castañeda fue escogida por Abelardo De La Espriella para reemplazar a Viviane Morales, cuya renuncia será efectiva el 7 de septiembre. El presidente destacó de Hoyos su fortaleza, honradez y “firme defensa de los valores”, una descripción bastante coherente con su trayectoria pública.
Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra. También aparece en registros académicos de la Universidad de La Sabana como doctora en Jurisprudencia del Rosario. Ha sido profesora en universidades colombianas y extranjeras, directora del Instituto de Humanidades y decana de Derecho de La Sabana.
Su capítulo más polémico
Su nombre se hizo especialmente conocido durante la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, cuando ejerció como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Desde allí defendió posiciones fuertemente conservadoras frente al aborto y otros asuntos relacionados con familia y derechos reproductivos. Ese activismo institucional terminó enfrentándola con la Corte Constitucional.
En la sentencia T-627 de 2012, la Corte estudió una tutela presentada por Mónica Roa y otras 1.279 mujeres contra Ordóñez, Hoyos y otra procuradora. El tribunal concluyó que se había divulgado información inexacta o tergiversada sobre derechos reproductivos y ordenó rectificaciones. También previno a Hoyos para que se abstuviera de interferir sin fundamento en determinados procesos relacionados con medicamentos utilizados en la interrupción voluntaria del embarazo.
Eso no borra otra parte de su hoja de vida. Desde la Procuraduría también lideró vigilancia sobre comisarías de familia y denunció sus graves carencias de personal e infraestructura. Más recientemente ha trabajado con la Conferencia Episcopal en prevención de violencia sexual contra menores y personas vulnerables.
Hoyos también ha sido conjuez del Consejo de Estado y asesora de organismos católicos como el CELAM y el Pontificio Consejo para la Familia. Su llegada, por tanto, no representa una ruptura ideológica con Viviane Morales. Más bien refuerza el componente conservador que De La Espriella quiere imprimirle a Educación. La diferencia está en el perfil. Morales era una política de larguísimo recorrido. Hoyos es ante todo una jurista y académica con posiciones doctrinales muy definidas.
Y aterriza con tareas que no dan tregua. La reconstrucción educativa posterior al terremoto, la financiación de la educación superior, las relaciones con Fecode y, especialmente, el controvertido borrador que ampliaría la participación privada en colegios públicos ahora quedarán bajo su decisión.
Su currículo deja pocas dudas sobre lo que piensa. La gran pregunta empieza ahora, cómo convertirá esas convicciones en política educativa para un sistema público que debe atender a millones de estudiantes con creencias, familias y realidades muy distintas.
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