La obra avanzó a toda velocidad y De La Espriella ya despacha desde el Batallón Paraíso. La trazabilidad del dinero fue más lenta: Gobernación, Ejército, Defensa y Presidencia han entregado versiones que todavía no permiten reconstruir cuánto costó realmente ni quién puso cada peso.
La nueva sede presidencial de Barranquilla tiene oficinas renovadas, salas de reuniones, sistemas de seguridad, decoración, mobiliario y hasta un búnker convertido en sala de crisis. Lo que no tiene, al menos públicamente, es una cuenta completa y verificable de quién pagó todo eso.
El inmueble del Batallón Paraíso ya está terminado y en funcionamiento. Abelardo De La Espriella despachó desde allí desde mediados de agosto. Pero una investigación publicada por Cambio y respuestas oficiales conocidas posteriormente muestran que la ruta de financiación sigue atravesada por contradicciones.
De $2.000 millones a cero
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, estuvo personalmente al frente de la coordinación de las adecuaciones. La propia Gobernación informó desde julio que inspeccionaba avances, infraestructura y cronograma.
Luego comenzaron las versiones difíciles de conciliar.
Verano dijo en entrevistas que el proyecto rondaría o superaría los $2.000 millones colombianos, habló de aportes departamentales y de donaciones empresariales. Entre estas mencionó puertas, ventanas y vidrios aportados por los hermanos Daes, vinculados a Tecnoglass. En otra declaración aseguró, en cambio, que la Gobernación “no había invertido” y que solo había coordinado apoyos privados.
Cuando llegaron las preguntas por escrito, apareció una tercera precisión.
La Gobernación respondió que no encontró contrato, convenio, compromiso presupuestal ni acto administrativo relacionado con la remodelación actual y negó haber destinado recursos departamentales. Después explicó que los $2.000 millones mencionados correspondían a inversiones realizadas entre 2008 y 2010, no a las obras de 2026.
Donantes sin lista completa
De La Espriella también dio su versión: aseguró el 3 de agosto que las adecuaciones “no le cuestan un solo peso” a los colombianos y que habían sido financiadas con recursos privados y aportes de empresarios. Además dijo que él pagaría aproximadamente $700 millones por el mobiliario y prometió publicar facturas y giros como prueba de su donación al Estado. Al 30 de agosto esos documentos seguían sin conocerse públicamente.
La Gobernación sostiene que las donaciones privadas fueron entregadas directamente a la Segunda Brigada, pero reconoce que no tiene el listado completo de donantes, valores individuales ni los mecanismos jurídicos empleados. La Brigada remitió las preguntas al Ministerio de Defensa.
Y allí tampoco apareció todavía la factura final.
Defensa informó sobre un contrato de $730 millones para mantenimiento y adecuación de infraestructura militar en Barranquilla, pero aclaró que no tiene como objeto específico la sede presidencial. Al responder sobre el Batallón Paraíso, dijo que seguía recopilando información para precisar costo, financiación y finalidad de las obras.
El vacío no es simplemente estético. Colombia Compra Eficiente ha reiterado que cuando una entidad estatal recibe una donación existe un contrato estatal y que, tratándose de bienes muebles, debe constar por escrito. Es decir: si empresarios efectivamente donaron puertas, ventanas, equipos u otros elementos a una unidad del Ejército, debería poder reconstruirse documentalmente quién entregó qué y bajo qué condiciones.
Mientras tanto, el representante Daniel Monroy presentó una tutela después de considerar insuficientes las respuestas institucionales; el recurso fue admitido y, según la información disponible al cierre de la investigación, seguía en estudio.
La paradoja es difícil de ignorar: la sede estuvo lista en semanas; un mes después, el Estado todavía no ha conseguido presentar una relación única, completa y documentada de cómo se pagó.
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