El Gobierno desmontó formalmente negociaciones heredadas de Gustavo Petro con dos estructuras disidentes de las Farc y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La decisión convierte en actos administrativos la línea dura que el presidente había anunciado desde su posesión.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella dio el paso más contundente hasta ahora para desmontar la política de Paz Total de su antecesor. Mediante varias resoluciones expedidas el 28 de agosto terminó tres procesos de conversación con organizaciones armadas, retiró el reconocimiento a sus representantes y desmontó las delegaciones oficiales que sostenían esas negociaciones.
Uno de los cierres afecta directamente al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), estructura comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. La Resolución 343 terminó esa mesa por lo que el Ejecutivo calificó como “ausencia de voluntad de paz” y dejó sin efecto la autorización que había permitido iniciar las conversaciones en 2023.
La Resolución 342, además, retiró la condición de representantes a miembros de esa organización, incluido el propio Díaz Mendoza, mientras la Resolución 344 sacó de la negociación a los delegados del Gobierno, entre ellos a Gloria Quiceno Acevedo, quien ejercía como jefa negociadora.
Del diálogo a la ofensiva
El cierre no ocurre aislado. Un día antes, De La Espriella confirmó un bombardeo de la Fuerza Pública contra campamentos del bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a la estructura de ‘Calarcá’, en zona rural de El Retorno, Guaviare. El Gobierno reportó preliminarmente ocho integrantes muertos y la incautación de armamento.
La ruptura formal tampoco significa el fin de un cese al fuego con esa estructura: la facción de ‘Calarcá’ ya no tenía cese bilateral vigente desde mayo de 2025. Por eso, el cambio central está en que desaparece la mesa y los reconocimientos jurídicos que permitían a sus miembros actuar como representantes dentro del proceso.
Otros dos procesos terminan
La Resolución 346 cerró también la negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), organización surgida de reacomodos de la Segunda Marquetalia y a la que pertenecen estructuras como Comandos de Frontera. Apenas en junio, esa mesa todavía suscribía compromisos relacionados con garantías electorales.
El tercer proceso afectado es el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca. Además de acabar las conversaciones, el Gobierno revocó el reconocimiento de nueve representantes y ordenó solicitar la reactivación de órdenes de captura.
La decisión concreta una advertencia que De La Espriella había hecho dos días antes: su Gobierno empezaría a sustituir lo que calificó como un modelo de “falsa paz” por una política basada en seguridad, legalidad y autoridad. Al mismo tiempo, el mandatario aseguró que quienes demuestren una voluntad real de abandonar la violencia todavía podrán acogerse a mecanismos dentro de la Constitución y la ley.
El alcance, por ahora, es específico: se cerraron estos tres procesos, no todas las figuras jurídicas creadas bajo la Paz Total ni automáticamente todos los escenarios de sometimiento o desmovilización existentes en el país.
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