La coincidencia resulta difícil de ignorar. Los cinco congresistas del Pacto Histórico en la Comisión de Acusaciones respaldaron una solicitud que coincide con la estrategia jurídica de la defensa del expresidente. Pero el expediente todavía no cambia de manos.
Una inesperada votación juntó a congresistas del Pacto Histórico y sectores uribistas alrededor de Álvaro Uribe Vélez.
Los cinco representantes del Pacto que integran la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara —David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra— respaldaron la proposición mediante la cual esa célula reclamó competencia para investigar al expresidente por hechos relacionados con El Aro, La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro.
La decisión fue unánime dentro de la Comisión y coincidió con una petición que la defensa de Uribe había planteado semanas atrás. Su abogado, Jaime Granados, solicitó desde el 7 de julio que el expediente dejara la Fiscalía y pasara a la Cámara.
La discusión es jurídica
La defensa sostiene que el supuesto concierto para delinquir investigado habría tenido carácter permanente y se habría extendido hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía como presidente. Bajo esa tesis entraría en juego el fuero presidencial y la competencia especial del Congreso.
La Constitución establece que la Cámara investiga y puede acusar ante el Senado al Presidente y, después de terminado el cargo, conserva competencia sobre hechos ocurridos durante su ejercicio. Pero la Fiscalía respondió que ese razonamiento no aplica al expediente.
Fiscalía no entrega el caso
La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema sostuvo que los hechos investigados se remontan principalmente a 1996 y 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, y que no se le están atribuyendo conductas cometidas como presidente.
Por ello, la Fiscalía se declaró competente y anunció que continuará la investigación mientras se resuelve la disputa.
El conflicto llegará ahora a la Corte Constitucional, que deberá decidir si el proceso permanece en la justicia ordinaria o pasa a la Comisión de Acusaciones.
Una coincidencia incómoda
Políticamente, el episodio resulta especialmente llamativo porque Iván Cepeda, uno de los principales contradictores históricos de Uribe y quien participa como parte civil en estas investigaciones, manifestó que considera que la Fiscalía debe conservar el expediente.
Gabriel Becerra, representante del Pacto, negó que la proposición implique pronunciarse sobre la responsabilidad de Uribe o busque dilatar el proceso.
Hasta ahora tampoco existe evidencia pública que permita afirmar que detrás de la votación haya un acuerdo entre petrismo y uribismo. La paradoja, sin embargo, permanece. Una estrategia jurídica promovida por la defensa de Uribe terminó recibiendo el respaldo de todos los congresistas del partido de Iván Cepeda dentro de la Comisión.
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