La expedición para los ciudadanos debe continuar normalmente. Lo que quedó suspendido es parte del andamiaje contractual construido por el Gobierno Petro con la Imprenta Nacional y Portugal, mientras cuatro entidades responden preguntas sobre producción, custodia, terceros y ejecución del dinero.
El nuevo modelo de pasaportes que Gustavo Petro dejó funcionando antes de abandonar la Casa de Nariño acaba de recibir su golpe judicial más serio. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender provisionalmente el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, el CI-005 de 2026 y los contratos o convenios derivados de estos, piezas centrales del esquema que vinculó a Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal.
La decisión fue tomada el 2 de septiembre dentro de una acción popular promovida por Nicolás Dupont Bernal.
Y aquí aparece lo más llamativo. El Tribunal les dio 20 días hábiles a Cancillería, Fondo Rotatorio, Imprenta Nacional y la empresa pública portuguesa para demostrar cuál es el estado real de la operación, dónde se encuentran las libretas —en Colombia o en el exterior—, cómo están protegidas, dónde son personalizadas, qué mecanismos de trazabilidad existen y qué terceros participan realmente en la cadena de producción.
El pasaporte no se suspende
Para quien necesita viajar hay una precisión fundamental.
Las oficinas deben seguir expidiendo pasaportes.
El Tribunal ordenó expresamente que la medida cautelar no puede terminar interrumpiendo, limitando o suspendiendo el servicio. Incluso si las entidades apelan, la decisión se cumple mientras el recurso es resuelto porque fue concedida en efecto devolutivo.
Lo suspendido, por ahora, es la ejecución de esos convenios mientras se despejan las dudas.
Las alertas venían creciendo
El episodio tiene historia.
El Gobierno Petro sacó progresivamente del negocio a Thomas Greg & Sons y apostó por un modelo estatal en el que Portugal fabrica inicialmente las libretas y transfiere tecnología, mientras la Imprenta Nacional asume su personalización. La transición empezó el 1 de abril y el contrato anterior terminó formalmente el 30 de abril, aunque Thomas Greg continuó temporalmente procesando existencias pendientes.
En enero, la Cancillería aseguraba que todo avanzaba “sin contratiempos”.
Los organismos de control veían otra cosa.
La Procuraduría había cuestionado un contrato superior a $185.374 millones colombianos, advirtiendo dudas sobre la contratación y capacidad de la Imprenta. Más recientemente, la Contraloría alertó que el negocio podía comprometer incluso la viabilidad financiera de la Imprenta Nacional, porque la empresa asumiría riesgos de producción sin que se hubiera estimado un margen de utilidad suficiente.
Hay además una curiosidad judicial. Apenas el 27 de julio, el mismo Tribunal había rechazado otra solicitud de suspensión presentada por la Procuraduría porque consideró que no estaba suficientemente sustentada. Ahora, dentro de una acción popular distinta y ante nuevos cuestionamientos, sí impuso una medida cautelar.
Eso no significa que el convenio haya sido declarado ilegal ni que exista un detrimento probado. Pero después de meses de vender el nuevo modelo como una conquista de autonomía estatal, que un tribunal tenga que preguntar dónde están las libretas, quién las custodia y quién más participa en fabricarlas revela que la soberanía estaba bastante mejor explicada en los discursos que en los documentos.
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