Mientras el Gobierno exige un sacrificio para recortar $21,9 billones del gasto público, el fondo estatal elevó en 32,2 % el costo mensual de su dirección. La entidad defiende la experiencia de la funcionaria, pero el acta no explica cómo se calculó la nueva remuneración.
El Comité Directivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge, aprobó para su nueva directora ejecutiva, Melba Rocío Pérez Tuta, honorarios mensuales de $52 millones más IVA. El costo total para el fondo asciende a $61,88 millones cada mes.
La decisión fue adoptada el 14 de agosto durante una sesión extraordinaria presidida por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda. El contrato, vigente hasta el 31 de diciembre, puede alcanzar los $282,5 millones, incluidos impuestos y retenciones.
Los nuevos honorarios representan un incremento de $15 millones y un 32,2 % frente a los $46,8 millones que recibía el anterior director, Brayan Giraldo, suspendido por la Procuraduría. Como se trata de un contrato de prestación de servicios, los $61,88 millones incluyen IVA y no corresponden íntegramente al ingreso neto de Pérez. Aun con esa precisión, el costo mensual supera ampliamente el salario laboral de un ministro.
El incremento resulta todavía más llamativo al revisar la evolución reciente del cargo. Antes de febrero, la remuneración era de $36,7 millones mensuales. En apenas seis meses, el valor asociado a la Dirección Ejecutiva aumentó 68,5 %.
El límite que no aplicó
Una circular interna expedida en noviembre de 2025 había establecido para 2026 un tope de $45,5 millones mensuales, IVA incluido, para los contratistas de Fenoge. El Comité Directivo concluyó que esa restricción no cobijaba a la directora porque fue establecida por la propia Dirección Ejecutiva, mientras que la competencia para designar al jefe del fondo y fijar su remuneración pertenece exclusivamente al comité.
La interpretación puede ser jurídicamente defendible. El problema está en la explicación económica. El acta número 82 no expone los estudios, comparaciones o criterios utilizados para pasar de $46,8 millones a $61,88 millones. Tampoco registra una discusión detallada sobre la compatibilidad del aumento con la austeridad ordenada por el Gobierno.
La hoja de vida y los honorarios fueron aprobados en una deliberación de aproximadamente una hora. Participaron cuatro funcionarios, aunque el acta registra cinco votos porque uno de ellos ocupó simultáneamente dos posiciones dentro del comité. Ninguno formuló observaciones.
El argumento del Gobierno
El Ministerio de Minas y Energía respondió que Pérez es una profesional altamente calificada y que su contratación resulta necesaria para administrar responsablemente los recursos del fondo. La nueva directora es abogada, especialista en Derecho de los Negocios, tiene un MBA y acumula 28 años de experiencia, 21 de ellos en el sector minero-energético. Ha trabajado en empresas como XM, Isagén e Internexa. Fenoge anunció que su gestión estará enfocada en la transparencia, el rigor técnico y la protección de los recursos públicos, como consta en su presentación institucional.
El Ministerio también asegura que revisa contrataciones por más de $407.000 millones y que en Fenoge fueron suspendidos negocios superiores a $216.000 millones. Entre ellos figura un proyecto de paneles solares por $165.492 millones, cancelado después de la suspensión e investigación del anterior director.
Es una defensa relevante, pero incompleta. Una trayectoria sobresaliente puede justificar una remuneración competitiva; no reemplaza la obligación de explicar por qué el aumento debía ser de 32,2 % precisamente cuando el Estado exige reducir gastos.
El sacrificio fue desigual
El contraste más incómodo está dentro del propio fondo. Entre el 28 y el 31 de agosto, nueve contratistas aceptaron finalizar anticipadamente sus vínculos, en medio de las medidas para contener el gasto. Mientras esos puestos desaparecieron, la remuneración de la dirección aumentó. El episodio no demuestra por sí mismo una ilegalidad, pero sí evidencia una distribución difícil de defender del sacrificio fiscal.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha insistido en que todas las entidades deben aportar al ajuste de $21,9 billones. Si la austeridad significa reducir contratos en la base mientras se mejoran las condiciones económicas en la cima, el discurso gubernamental pierde credibilidad.
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