Los partidos declarados de Gobierno controlan ampliamente las comisiones económicas que discutirán los $634,9 billones solicitados para 2027. La aritmética favorece al Ejecutivo, aunque el tamaño del gasto, la deuda y un ajuste fiscal todavía sin conocer pueden encarecer políticamente su aprobación.
Una mayoría suficiente
El primer presupuesto del presidente Abelardo De La Espriella llega al Congreso con una ventaja decisiva. Los partidos que se declararon de Gobierno tendrían cerca de 58 de los 90 integrantes de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, muy por encima de los 46 votos necesarios para formar una mayoría simple.
La coalición reúne al Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal, Salvación Nacional, ASI y varias organizaciones minoritarias. En total, 11 colectividades se declararon de Gobierno, mientras Alianza Verde, Nuevo Liberalismo y MIRA, entre otros, quedaron en independencia. El Pacto Histórico, En Marcha y MAIS asumieron formalmente la oposición.
La distribución de las comisiones también favorece a la Casa de Nariño. El Centro Democrático tiene 16 integrantes, los liberales 14, los conservadores 11, Cambio Radical ocho y La U seis. El Pacto Histórico es la bancada individual más grande, con 20 congresistas, pero no alcanza por sí solo para bloquear el proyecto.
La factura de $634,9 billones
El Gobierno propone un presupuesto de $634,9 billones, $59,2 billones más que los $575,7 billones presentados inicialmente por la administración de Gustavo Petro. El nuevo texto destina $392,5 billones al funcionamiento del Estado, $155,4 billones al servicio de la deuda y apenas $86,9 billones a inversión.
El aumento resulta incómodo para un presidente que prometió reducir el tamaño del Estado y controlar el gasto. Hacienda responde que no se trata de una expansión voluntaria, sino de reconocer obligaciones que la propuesta anterior habría dejado incompletas en pensiones, salud, universidades, salarios, combustibles y deuda pública. A eso se añadieron las necesidades provocadas por el terremoto del 10 de agosto.
La cifra más delicada es el déficit fiscal, que podría llegar al 9,4 % del PIB. El ministro Miguel Gómez anunció una ley de ajuste para reducir gastos y mejorar las cuentas en cerca de $45 billones, pero el Congreso todavía no conoce su contenido completo. En la práctica, los legisladores están siendo llamados a aprobar un presupuesto cuyo equilibrio dependerá de otra reforma que aún no ha sido presentada.
Aliados que ponen condiciones
La mayoría oficialista no significa obediencia automática. Liberales, conservadores, La U y Cambio Radical tienen capacidad para negociar inversiones regionales, participación burocrática y cambios en la distribución sectorial. Su declaración como partidos de Gobierno los acerca al Ejecutivo, pero no elimina las disputas internas ni obliga a todos sus congresistas a votar de manera idéntica.
La primera advertencia ya llegó. Una sesión fue levantada después de que varios ministros citados enviaran delegados para responder las preguntas de los congresistas. El presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, el liberal Alexander Bermúdez, reclamó que no existía suficiente comunicación entre el Gobierno y el Legislativo. Incluso sectores dispuestos a respaldar el presupuesto exigieron explicaciones directas sobre el destino de los recursos.
Los independientes también pueden aumentar el costo de la negociación. Alianza Verde tiene cinco puestos en las comisiones económicas y ya anticipó que no entregará un respaldo automático. La oposición, aunque minoritaria, concentrará su estrategia en exponer la contradicción entre el discurso de austeridad de De La Espriella y el presupuesto más alto presentado en la historia del país.
La verdadera disputa
Las comisiones económicas deben aprobar el monto global antes del 15 de septiembre y completar el primer debate antes del 25. Posteriormente, Senado y Cámara votarán el proyecto por separado, con plazo definitivo hasta el 20 de octubre. El Gobierno tiene cómo ganar la votación.
Su problema no es estrictamente matemático, sino político y fiscal. Tendrá que explicar cómo financiará el presupuesto, qué gastos reducirá con la anunciada ley de ajuste y cuánto espacio dejará para la inversión regional después de pagar funcionamiento y deuda.
Si De La Espriella mantiene unida su coalición, el presupuesto avanzará. Pero cada respaldo tendrá un precio y el debate mostrará si los partidos tradicionales se convirtieron en una bancada estable o solamente en una mayoría disponible para negociar proyecto por proyecto.
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