Después de un periodo sin reportes similares, dos nuevos episodios de inseguridad volvieron a inquietar a transportadores y viajeros. La Alcaldía de Tame anunció un plan de choque y pidió denunciar ante las autoridades.
La tranquilidad volvió a romperse en el corredor vial Tame–Arauca. Conductores denunciaron que varios vehículos fueron atacados con piedras cuando transitaban por una curva del sector de Betoyes. Al menos uno de los automotores habría sido impactado, situación que obligó a sus ocupantes a detenerse y elevó el temor de que se tratara de una modalidad para facilitar hurtos.
El reporte apareció después del asalto denunciado contra un bus de la empresa Libertadores durante la noche del domingo 6 de septiembre. Según versiones de viajeros y habitantes, el vehículo habría sido interceptado entre Betoyes y Flor Amarillo y sus ocupantes despojados de sus pertenencias. No se informaron personas heridas y las circunstancias continúan bajo verificación de las autoridades.
Un problema conocido
Los hechos preocupan porque durante años los atracos, las agresiones y los daños a vehículos llegaron a hacerse habituales entre Santo Domingo, Flor Amarillo y Betoyes. Luego de un periodo sin denuncias públicas de esta naturaleza, el ataque al bus y las posteriores pedradas reactivaron la zozobra.
En episodios anteriores, víctimas y funcionarios locales señalaron a algunas personas que presuntamente salían desde comunidades indígenas cercanas y se ubicaban junto a la carretera para detener o atacar vehículos. Una de las denuncias permitió judicializar a un presunto responsable, contra quien un juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Esos antecedentes no permiten responsabilizar a los pueblos indígenas ni atribuirles colectivamente estos delitos. La responsabilidad penal es individual y, hasta ahora, las autoridades no han identificado oficialmente a los autores de los casos recientes.
Respuesta bajo examen
La Administración Municipal de Tame anunció la activación de un plan de choque para impedir que esta práctica vuelva a instalarse en el corredor. También pidió a víctimas y testigos acudir directamente a la Policía y la Fiscalía, pues los mensajes en redes sociales alertan, pero no reemplazan una denuncia formal que permita investigar y judicializar.
Por su parte, el alcalde de Arauca, Juan Qüenza, anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que facilite la captura de los responsables. El reto será que el plan se traduzca en vigilancia sostenida y resultados judiciales, no solamente en controles temporales después de cada ataque.
Deja una respuesta