Dos decisiones expedidas en menos de una semana condicionaron las operaciones aéreas del Gobierno. La nueva orden se concentra en Guaviare y permanecerá vigente mientras se resuelve una tutela.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra estructuras armadas ilegales en ese departamento cuando información de inteligencia, alertas preventivas u otros elementos objetivos adviertan la posible presencia de menores.
La medida fue adoptada por el juez Jhoan Aguilera Martínez dentro de una tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien actuó como agente oficioso de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.
No suspende toda operación
La decisión no prohíbe todos los bombardeos ni paraliza las operaciones militares en Guaviare. La restricción opera únicamente cuando exista información que permita considerar razonablemente que niños o adolescentes podrían morir o resultar heridos.
El juez sostuvo que una afectación contra la vida o integridad de un menor produciría un daño irreversible antes de que la justicia alcance a resolver el proceso. Por eso consideró necesario aplicar una medida preventiva mientras determina si los protocolos del Estado permiten detectar y reducir ese riesgo.
La orden está dirigida al presidente Abelardo de la Espriella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares. El Ejército, la Fuerza Aeroespacial, el ICBF y otras entidades deberán informar sobre sus protocolos de verificación y protección. Algunas recibieron un plazo de 48 horas para responder.
Dos órdenes consecutivas
La providencia se suma a una medida nacional del Juzgado 34 de Familia de Bogotá, expedida dentro de otra tutela promovida por Ower Jimmy Borda. Esa primera orden obliga a evaluar medidas de precaución y alternativas menos lesivas antes de atacar objetivos donde exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre menores reclutados.
Ambas restricciones son provisionales y permanecerán vigentes hasta que los respectivos juzgados decidan de fondo. El Gobierno anunció que apelará la primera determinación, a la que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó de excesivamente amplia.
Cuatro menores muertos
Las decisiones aparecieron después de tres bombardeos ejecutados durante las primeras semanas del Gobierno. Medicina Legal confirmó que tres adolescentes de 15 y 16 años murieron en la Operación Amón, realizada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare. Otro menor de 16 años murió en el ataque del 10 de agosto contra el ELN en Catatumbo.
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, defendió la legalidad de los operativos y afirmó que los menores cumplían una función continua de combate. La Defensoría del Pueblo ha reiterado que el reclutamiento es un crimen atribuible a los grupos armados, pero que los niños utilizados en la guerra continúan siendo víctimas y sujetos de protección reforzada.
El Congreso pide respuestas
Diecinueve representantes de oposición radicaron una solicitud de moción de censura contra Mora. Además, la senadora Jennifer Pedraza propuso un debate de control político para que el ministro y el director del Dapre expliquen qué información poseían antes de los ataques y cómo evaluaron el riesgo para los menores.
El antecedente político es contundente. En 2019, Guillermo Botero renunció al Ministerio de Defensa cuando avanzaba una moción de censura por la muerte de ocho menores en un bombardeo. En 2025, el Congreso volvió a debatir el tema y promovió otra moción contra Pedro Sánchez después de que se confirmara la muerte de 15 menores en cuatro operaciones del Gobierno Petro.
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