Otty Patiño defendió la necesidad de garantías jurídicas para avanzar en diálogos con estructuras armadas y cuestionó la negativa de suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo.
Otty Patiño defendió la necesidad de garantías jurídicas para avanzar en diálogos con estructuras armadas y cuestionó la negativa de suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo y advirtió que cualquier proceso de paz o sometimiento requiere seguridad jurídica para las partes involucradas.
El pronunciamiento fue encabezado por el alto comisionado Otty Patiño, quien sostuvo que las decisiones relacionadas con acercamientos de paz deben entenderse dentro del marco constitucional y de las facultades del Gobierno nacional para adelantar diálogos con actores armados.
“La paz exige seguridad jurídica” Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, en respuesta a la negativa de suspender órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo.
La reacción se produjo después de que la Fiscalía rechazara dejar sin efecto las órdenes judiciales y actuaciones penales vigentes contra los señalados integrantes de la estructura armada ilegal.
El choque institucional
El nuevo cruce entre la Fiscalía y la Oficina de Paz volvió a evidenciar tensiones alrededor de la política de paz total impulsada por el Gobierno Petro.Mientras la Fiscalía sostiene que las órdenes de captura continúan vigentes porque los procesos judiciales siguen activos y corresponden a delitos graves, la Oficina del Comisionado considera que ciertos mecanismos jurídicos son necesarios para facilitar acercamientos y evitar bloqueos en escenarios de negociación o sometimiento.
La Consejería Presidencial para la Paz insistió en que los procesos de diálogo requieren herramientas jurídicas mínimas para garantizar participación y construcción de acuerdos.
El debate también refleja diferencias sobre el alcance real de las facultades del Ejecutivo frente a investigaciones penales adelantadas por la Fiscalía y decisiones adoptadas por jueces.
La disputa alrededor de la paz total
El Clan del Golfo, también denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ha sido uno de los grupos mencionados dentro de los intentos del Gobierno por abrir canales de diálogo o sometimiento colectivo.
Sin embargo, sectores judiciales y políticos han advertido preocupación frente a eventuales beneficios jurídicos que puedan interpretarse como flexibilización excesiva frente a organizaciones señaladas de narcotráfico, homicidios y control armado territorial.
La Fiscalía reiteró recientemente que continuará ejerciendo sus competencias constitucionales frente a integrantes de estructuras criminales responsables de graves afectaciones a la población civil y a la seguridad nacional.La respuesta de Otty Patiño elevó nuevamente el tono del debate sobre cómo avanzar en negociaciones sin generar choques entre política de paz, independencia judicial y persecución penal.
Por ahora, las órdenes de captura contra los 29 señalados continúan vigentes mientras siguen abiertas las discusiones jurídicas y políticas alrededor de la paz total.
“La paz exige seguridad jurídica”. Otty Patiño respondió a la Fiscalía tras la negativa de suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo.
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