El mandatario fue detenido por el CTI y será presentado ante juez por presuntas exigencias ilegales ligadas a una licencia de construcción.
El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue capturado el jueves 7 de mayo por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en medio de una investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción por presuntas exigencias ilegales relacionadas con el trámite de una licencia de construcción.
El mandatario será presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputará los delitos de concusión y prevaricato por acción, según reportes que recogen la línea oficial del ente investigador.
La licencia bajo investigación
La investigación apunta a un proyecto urbanístico en Villa de Leyva. Según la Fiscalía, Gamboa habría sostenido reuniones, mensajes de texto y audios con la representante legal de una empresa de inversiones interesada en obtener el permiso de construcción.
El ente investigador sostiene que el alcalde habría pedido primero vincular laboralmente a una persona cercana, luego mejorarle el salario y finalmente entregar dinero. Esas solicitudes, de acuerdo con la hipótesis judicial, habrían buscado favorecer la expedición de la licencia.
Delitos y antecedentes
El delito central de esta captura es concusión, que castiga al servidor público que, abusando de su cargo o funciones, exige, induce o solicita dinero u otra utilidad indebida. La orden fue emitida por el Juzgado 52 Penal Municipal con función de control de garantías.
El caso no es el único frente judicial del mandatario. El 20 de enero de 2026, la Fiscalía ya lo había imputado por un presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades por un contrato de prestación de servicios suscrito en febrero de 2024. Gamboa no aceptó esos cargos.
El otro expediente
Ese proceso previo está relacionado con la contratación de Javier Alexánder Múnevar González como supervisor de maquinaria amarilla del municipio. Según la Fiscalía, el contratista era hermano de Ángela Johana Múnevar González, entonces secretaria de Desarrollo Social de la administración local.
La Fiscalía también cuestionó que los estudios previos de ese contrato se habrían construido a partir de la propuesta presentada por el mismo contratista, conocida por la administración pocos días antes de la firma. Para el ente investigador, eso comprometería principios de planeación y selección objetiva en la contratación pública.
Golpe político local
La captura golpea políticamente a uno de los municipios turísticos más visibles de Boyacá. Villa de Leyva no solo es un destino patrimonial clave, sino una plaza administrativa donde las decisiones urbanísticas suelen tener alto impacto económico, social y territorial.
Si un juez impone medida de aseguramiento que impida al alcalde ejercer el cargo, la Gobernación de Boyacá tendría que definir un alcalde encargado mientras avanza el proceso. Por ahora, el punto inmediato será la legalización de captura, la imputación y la solicitud de medida que presente la Fiscalía.
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