Jaime Andrés Beltrán llega al gabinete de De la Espriella con una misión social enorme, pero también con una sombra judicial heredada de su paso por Bucaramanga.
El nombramiento de Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda abrió un debate inmediato. No solo por el perfil del exalcalde de Bucaramanga, pastor cristiano y figura de mano dura en seguridad, sino por el escándalo que aún lo rodea desde su administración local.
El caso tiene nombre propio en Santander. Se conoce como el “robo de la chatarra” y está relacionado con la presunta desaparición de toneladas de materiales del sistema de alumbrado público de Bucaramanga, entre ellos luminarias, postes metálicos y otros elementos que estaban bajo custodia pública. La Contraloría Municipal abrió una actuación fiscal por estos hechos y el caso también ha tenido alcance penal ante la Fiscalía.
La investigación fiscal apunta a establecer si hubo pérdida patrimonial para el municipio y quiénes tendrían responsabilidad por el manejo de esos bienes. En reportes públicos se ha mencionado que el posible detrimento podría llegar a decenas de miles de millones de pesos, una cifra que convirtió el caso en uno de los mayores escándalos locales de los últimos años en Bucaramanga.
Beltrán no llega debilitado únicamente por ese frente. En agosto de 2025, el Consejo de Estado anuló su elección como alcalde de Bucaramanga por doble militancia, al concluir que apoyó candidatos de un partido distinto al que avaló su candidatura. Esa decisión lo sacó anticipadamente del cargo y obligó a convocar elecciones atípicas en la capital santandereana.
Ahora, el presidente electo Abelardo de la Espriella lo incorpora a una de las carteras más sensibles del nuevo gobierno. El Ministerio de Vivienda tendrá bajo su responsabilidad la política de vivienda urbana y rural, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial, sectores donde se manejan recursos públicos, subsidios, proyectos regionales y relaciones directas con alcaldes y gobernadores.
Ese es el punto político de fondo. Beltrán llega a un ministerio clave con experiencia electoral, cercanía con el nuevo gobierno y un discurso fuerte de gestión, pero también con preguntas sin resolver sobre su paso por Bucaramanga. Hasta ahora, las investigaciones no equivalen a una condena.
El exalcalde conserva la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad deberá ser definida por las autoridades competentes. Pero el escándalo ya plantea una primera prueba para el gobierno entrante, que prometió combatir la corrupción y ahora deberá explicar por qué entrega una cartera estratégica a una figura rodeada de cuestionamientos fiscales y judiciales.
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