El ente acusador se opuso a dejar sin efecto medidas judiciales solicitadas en favor de señalados integrantes de la estructura armada ilegal.
La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud presentada para suspender las órdenes de captura y medidas judiciales vigentes contra 29 presuntos integrantes del Clan del Golfo, en medio de discusiones relacionadas con posibles acercamientos del Gobierno nacional con estructuras armadas ilegales.
La entidad sostuvo que no existen fundamentos jurídicos que permitan dejar sin efecto las actuaciones penales contra los señalados integrantes de esa organización criminal, considerada una de las principales estructuras narcotraficantes y armadas del país.
El debate surgió después de conocerse solicitudes orientadas a suspender temporalmente procesos y órdenes judiciales en favor de personas vinculadas al Clan del Golfo dentro de escenarios asociados a la política de paz total.
Según la Fiscalía, los 29 señalados continúan vinculados a investigaciones por delitos graves relacionados con homicidio, concierto para delinquir agravado, narcotráfico y otras conductas criminales.
La tensión por la paz total
La posición de la Fiscalía marca un nuevo choque alrededor de los alcances reales de la política de paz total impulsada por el Gobierno Petro y de los beneficios jurídicos que podrían recibir integrantes de grupos armados ilegales.
“La Fiscalía General de la Nación continuará ejerciendo sus competencias constitucionales y legales frente a integrantes de organizaciones criminales responsables de graves afectaciones a la seguridad y a la población civil” se lee en el comunicado del ente acusador que insistió en que cualquier modificación de medidas judiciales debe ajustarse estrictamente a la Constitución y a las decisiones de jueces competentes.
El Clan del Golfo, también denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mantiene presencia en múltiples regiones y es señalado por las autoridades de controlar corredores del narcotráfico, minería ilegal y economías criminales.
La discusión de fondo
El caso vuelve a poner presión sobre uno de los debates más sensibles del país. Mientras el Gobierno busca avanzar en procesos de diálogo o sometimiento con grupos armados y organizaciones criminales, sectores judiciales y políticos advierten riesgos de debilitamiento institucional o percepción de impunidad.
La Fiscalía ha mantenido distancia frente a eventuales suspensiones automáticas de órdenes de captura y sostiene que los acercamientos con estructuras ilegales no eliminan automáticamente responsabilidades penales.
Por ahora, las órdenes y actuaciones judiciales contra los 29 señalados seguirán vigentes mientras continúan los procesos correspondientes.
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