El nuevo mecanismo internacional ya observó uno de los primeros proyectos restaurativos en Pitalito. Su tarea será verificar que las sanciones propias se cumplan y que las víctimas puedan comprobar resultados.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA comenzaron a tomar un papel directo en el monitoreo internacional de las sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz. El mecanismo busca añadir una capa externa de verificación sobre el cumplimiento de las decisiones restaurativas de la JEP.
De la sentencia al terreno
El seguimiento se hizo visible este fin de semana en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde representantes internacionales observaron un proyecto relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas. La visita ocurrió pocos días después del inicio del cumplimiento de sanciones propias impuestas a antiguos integrantes del secretariado de las Farc por el Caso 01, relacionado con secuestros y otras privaciones graves de la libertad.
Las sanciones propias de la JEP no equivalen a una pena ordinaria de cárcel para quienes reconocen verdad y responsabilidad en los términos del sistema transicional. Incluyen restricciones efectivas de derechos y libertades y la ejecución de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador. Por eso, la credibilidad del modelo depende en buena medida de que esas restricciones y actividades puedan ser verificadas.
Un mecanismo acordado en julio
La creación del Mecanismo Conjunto de Monitoreo Internacional fue anunciada el 3 de julio por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. La CSIVI dispuso que la función fuera ejercida conjuntamente por MAPP/OEA y ONU Derechos Humanos y que incluyera tanto las sanciones propias de la JEP como compromisos relacionados con el Capítulo Étnico del Acuerdo.
El monitoreo internacional no reemplaza a la JEP ni decide las sanciones. Su valor está en observar su implementación, producir verificación independiente y aportar información sobre cumplimiento. La Defensoría del Pueblo ha señalado además que las primeras sentencias exigen cronogramas verificables, restricciones concretas y participación efectiva de las víctimas. La etapa que comienza es decisiva para la justicia transicional. Durante años el debate se concentró en investigar, reconocer responsabilidad y dictar las primeras sentencias. Ahora la pregunta cambia: si las sanciones realmente se cumplen en el territorio y si ese cumplimiento
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