La Procuraduría sancionó al alcalde de Arauca por expresiones que habría publicado cuando era diputado. El fallo no está en firme, pero abre un pulso jurídico con consecuencias políticas para la capital araucana.
La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a Juan Alfredo Quenza Ramos, actual alcalde de Arauca, con suspensión de nueve meses e inhabilidad especial por el mismo término, por hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2023, cuando todavía se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental.
La decisión es de carácter disciplinario, no penal, y está relacionada con publicaciones realizadas en redes sociales contra la entonces Procuradora Regional de Arauca, en medio de una coyuntura electoral y de un proceso disciplinario que se adelantaba contra uno de sus defendidos. Según la Procuraduría, Quenza habría afirmado que “hoy la Procuraduría Regional de Arauca está al servicio de la clase política corrupta”. También habría señalado que la funcionaria “se prestó para hacer este boom mediático” y para “servir a los políticos corruptos”.
Por qué lo sancionan
El Ministerio Público consideró que esas expresiones fueron calumniosas e irrespetuosas contra una servidora pública y que vulneraron principios como la moralidad administrativa, la dignidad humana, el buen nombre y la honra de la funcionaria mencionada.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, que calificó la conducta como una falta grave cometida a título de dolo. El caso no nació ahora. En julio de 2025, la Procuraduría ya había formulado cargos contra Quenza por esos mismos hechos, cuando el proceso avanzaba en etapa disciplinaria.
Qué pasa ahora
La sanción todavía no está en firme. Contra la decisión procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.Eso significa que Quenza puede controvertir el fallo y buscar que sea revocado o modificado en segunda instancia.
Un punto clave es que la Procuraduría precisó que, como actualmente Quenza ejerce como alcalde municipal, la suspensión se convertiría en el pago de los salarios básicos correspondientes a los nueve meses, sin perjuicio de la inhabilidad especial impuesta.
Golpe político
Si la decisión es confirmada, el alcalde enfrentaría una sanción disciplinaria con impacto político directo, aunque no necesariamente implicaría una salida inmediata del cargo en los mismos términos de una suspensión ordinaria, debido a la conversión económica señalada por el ente de control.Si el fallo es revocado, Quenza quedaría libre de esta sanción disciplinaria y el caso perdería efectos administrativos en su contra.
El proceso vuelve a poner al mandatario en el centro del debate público en Arauca, no por hechos de su actual administración, sino por actuaciones atribuidas a su periodo como diputado departamental. La decisión final dependerá ahora de la segunda instancia disciplinaria.
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