El Gobierno prometió recursos para vivienda y auxilios de arriendo. Más de un mes después del terremoto, persisten reclamos por alojamiento y recuperación económica. En Risaralda, además, miles de familias podrían quedar fuera de las ayudas por diferencias en los registros.
“Es como si nos hubieran bombardeado”. Ángela Villegas describió así la situación de Pereira este 14 de septiembre ante Caracol Radio. Contó que habitantes alojan a familiares y amigos damnificados y advirtió que conseguir vivienda resulta difícil incluso teniendo dinero para pagarla. Su reclamo enfrenta los anuncios de reconstrucción con una necesidad inmediata: dónde vivir.
La promesa tenía fecha
El 28 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Pereira que los auxilios de arrendamiento comenzarían a entregarse el 31 de agosto: $1.050.000 mensuales durante tres meses para hogares previamente censados e incluidos en el Registro Único de Damnificados.
El Ministerio de Vivienda también informó sobre $30.000 millones para mejoramientos en Risaralda, con 261 intervenciones previstas en Pereira, y la recolección de 191 toneladas de materiales. Son compromisos concretos contra los cuales puede evaluarse la respuesta oficial.
Dos semanas después de la fecha anunciada para comenzar los pagos, corresponde explicar cuántos hogares recibieron el primer giro, cuántos siguen pendientes y qué impide atenderlos. Los documentos consultados no permiten establecer ese balance actualizado para Pereira. Además, una transferencia necesita encontrar una solución habitacional disponible. La respuesta debe explicar qué alternativas tendrán quienes no consigan arrendar, cuánto durará su alojamiento provisional y quién asumirá ese costo.
Las fortunas y las familias
La movilización empresarial ha tenido nombres y cifras de enorme visibilidad. El País documentó anuncios de $200.000 millones de Luis Carlos Sarmiento, otros $200.000 millones de David Vélez y $150.000 millones de Jaime Gilinski, estos últimos destinados a hospitales y escuelas de Cali. También registró los agradecimientos públicos del presidente a los donantes.
Esos aportes tienen distintos destinos; sumarlos como si estuvieran disponibles para Pereira falsearía las cuentas. El País.La exposición pública de la solidaridad exige un seguimiento igual de visible: cuánto se ha recibido, dónde se ejecuta y quién obtiene finalmente el beneficio. Una cifra anunciada todavía tiene que recorrer el camino hasta la casa de un damnificado.
Damnificados fuera del registro
Hay un obstáculo adicional documentado en el vecino municipio de Dosquebradas. Según una alerta de la Gobernación recogida por Caracol, los reportes municipales contabilizan entre 11.000 y 12.000 familias afectadas, mientras el registro oficial contiene menos de 8.000. El gobernador Juan Diego Patiño pidió habilitar una tercera etapa de inscripción para revisar las exclusiones.
La diferencia importa porque la inscripción condiciona el acceso a los programas. Antes de celebrar su cobertura, las administraciones deben resolver quiénes están quedando fuera y por qué.
Las cuentas del cumplimiento
También hay actuaciones reportadas. El balance publicado por Caracol el 10 de septiembre señaló que Pereira comenzaba a ejecutar $8.500 millones para comerciantes y trabajadores afectados. Registró, además, 622 personas todavía alojadas en cinco albergues y alojamientos temporales.
El examen del Gobierno nacional, la Gobernación y la Alcaldía debe llegar hasta los resultados de esas intervenciones: pagos realizados, viviendas reparadas, familias alojadas y negocios que lograron reabrir.La reconstrucción requiere tiempo. La rendición de cuentas puede comenzar hoy. Para quien perdió su hogar, la pregunta más urgente sigue siendo cuándo llegará una solución que pueda habitar.
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