El presidente ordenó revisar la permanencia de presos en instalaciones militares y policiales. El anuncio llega después de cuatro traslados a La Picota y plantea una pregunta sobre la aplicación de restricciones que ya existen.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció una revisión de los casos de personas privadas de la libertad que permanecen en guarniciones militares o estaciones de Policía sin cumplir los requisitos legales. Durante su alocución del domingo 13 de septiembre, dirigió el mensaje contra los privilegios de quienes cometen delitos de corrupción.
“Los delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de categoría superior”, afirmó. La instrucción anunciada consiste en examinar la legalidad de esas reclusiones; no establece públicamente un traslado automático de todos los internos que se encuentran en dichas instalaciones.
Cuatro traslados antes del anuncio
La revisión tiene un antecedente inmediato. El miércoles 9 de septiembre fueron trasladados del Centro de Estudios Superiores de la Policía, Cespo, a La Picota el expresidente de la Cámara Andrés Calle, Víctor Gamboa, Álex Vernot y Emiro Rojas Granados, según reportaron Agencia de Periodismo Investigativo y KienyKe.
Sus situaciones jurídicas son distintas. Calle está vinculado al proceso por corrupción en la UNGRD y Gamboa enfrenta investigaciones por actuaciones urbanísticas en Villa de Leyva. Vernot cumple una condena por soborno y Rojas fue condenado por las torturas contra la periodista Claudia Julieta Duque. Compartían lugar de reclusión, pero no todos eran condenados.
La restricción ya existe
El Código Penitenciario permite reclusiones especiales en determinados casos y contempla decisiones de la autoridad judicial o del director del Inpec, según corresponda, que consideran aspectos como la seguridad. Sin embargo, el artículo 29 contiene una restricción específica, incorporada por la Ley 2014 de 2019.
Para servidores y exservidores públicos condenados por delitos enumerados —entre ellos peculado, cohecho, concusión y contratación irregular— dispone la reclusión en pabellones especiales dentro del establecimiento penitenciario o carcelario.Por eso, el alcance de la revisión dependerá de cada expediente, la existencia de condena y el fundamento de la ubicación actual. El anuncio presidencial no modifica por sí mismo esas reglas.
Del discurso a los resultados
La cobertura consultada no presenta un inventario completo de los casos que serán revisados, un plazo general ni las decisiones individuales que seguirán.Tampoco permite atribuir irregularidades a toda reclusión en una instalación militar o policial.
La promesa tendrá una prueba concreta: establecer quién permanece allí sin sustento legal, disponer las correcciones correspondientes y explicar los resultados. Anunciar el fin de los privilegios exige demostrar cuáles existían y cómo fueron eliminados.
Deja una respuesta