El Frente de Guerra Oriental del ELN impuso supuestas “condenas” contra dos funcionarios del CTI y dos policías secuestrados en Arauca desde 2025.
El ELN volvió a poner el secuestro en el centro del debate nacional. En un video atribuido al Frente de Guerra Oriental, esa guerrilla anunció un llamado “juicio revolucionario” contra cuatro personas que mantiene privadas de la libertad en Arauca, dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y dos integrantes de la Policía Nacional.
Cautiverio prolongado
Según el anuncio difundido por el grupo armado, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Arauca, fueron sometidos a lo que el ELN denominó una “sentencia condenatoria”. El grupo les impuso 60 y 55 meses, respectivamente, de la llamada “prisión revolucionaria”.
En el mismo pronunciamiento, el ELN incluyó a los policías Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en julio de 2025. Contra ellos anunció supuestas condenas de 36 y 32 meses, bajo señalamientos que el grupo armado atribuye a actividades de inteligencia.
El ELN también planteó la posibilidad de un canje humanitario con el Gobierno Nacional. Esa propuesta, sin embargo, se produce mientras las víctimas siguen en cautiverio y sus familias continúan exigiendo la liberación inmediata.
Rechazo institucional
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, rechazó el anuncio y sostuvo que el ELN no tiene facultades judiciales. “El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico”, afirmó el jefe de la cartera, quien pidió apoyo internacional para exigir la libertad de los secuestrados.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también cuestionó el llamado “juicio revolucionario” y advirtió que esa actuación no cambia la naturaleza del delito. La entidad exigió la liberación inmediata de las personas retenidas y recordó que la privación de la libertad debe cesar sin condiciones.
Arauca, presión y paz
El anuncio ocurre en un departamento donde el conflicto armado mantiene una presión persistente sobre comunidades, instituciones y fuerza pública. Arauca sigue siendo escenario de presencia del ELN, disputas armadas y economías ilegales, factores que han deteriorado la seguridad y limitado la vida cotidiana de la población civil.
El caso también golpea el ya debilitado panorama de diálogo con el ELN. Mientras el grupo insiste en mecanismos propios y en la figura del canje, el Estado sostiene que el secuestro no puede ser presentado como justicia ni como herramienta de negociación.
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