Carreteras rotas, acueductos fuera de servicio, comunidades aisladas y miles de familias damnificadas dejaron las lluvias en el oriente del país. La respuesta nacional se concentrará en restablecer agua, movilidad y asistencia humanitaria.
El Gobierno Nacional priorizó la atención de Boyacá, Arauca, Casanare y Norte de Santander, cuatro departamentos donde las crecientes, inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales superaron en varios municipios la capacidad de respuesta local. La decisión se tomó después de que los gobernadores presentaran las necesidades más urgentes ante el Comité Nacional para el Manejo de Desastres.
La intervención tendrá tres frentes inmediatos. El primero será garantizar agua potable en los municipios donde las crecientes afectaron bocatomas, redes y sistemas de acueducto. El segundo buscará recuperar carreteras y puentes indispensables para llegar hasta las comunidades aisladas. El tercero será la entrega de alimentos, elementos básicos y otras ayudas humanitarias a las familias que perdieron viviendas, cultivos o medios de subsistencia.
La emergencia cortó servicios básicos
Boyacá declaró calamidad pública después de registrar daños en acueductos, derrumbes y riesgo de colapso de puentes en al menos 15 municipios. Entre los puntos más críticos aparecen Panqueba, Cubará, Güicán, Guacamayas, Chita y San Luis de Gaceno. Algunos corredores quedaron incomunicados y cientos de familias tuvieron que evacuar o abandonar viviendas afectadas.
En Casanare, el desbordamiento del río Pauto inundó cerca del 90 % del casco urbano de San Luis de Palenque. El balance preliminar supera las 6.700 familias afectadas en 19 municipios, mientras derrumbes, pérdidas de banca y alcantarillas taponadas dificultan la movilidad entre Hato Corozal, La Salina, Sácama y otros sectores.
Arauca enfrenta daños en sus principales corredores, caída y avería de puentes, comunidades aisladas y una alerta naranja en toda la red hospitalaria debido al colapso vial. La emergencia también afecta la llegada de alimentos, medicamentos y equipos de respuesta. En Norte de Santander, las autoridades mantienen vigilancia sobre municipios afectados por crecientes y deslizamientos, mientras la atención nacional busca evitar que la emergencia climática agrave las dificultades humanitarias y de movilidad que ya enfrenta la región.
La Defensoría advirtió que algunas poblaciones permanecen sin vías, energía, agua potable, internet o gas, una combinación que amenaza el acceso a salud, alimentos y educación. Aunque ya comenzaron evacuaciones aéreas y entregas de asistencia, el reto sigue siendo llegar a quienes permanecen atrapados.
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