Manuel Alejandro Pretelt Patrón fue posesionado como secretario general de la cartera. El cargo tiene incidencia directa sobre contratación, finanzas y ejecución presupuestal. Su llegada revive el caso Fidupetrol, una condena que su padre todavía cumple y un expediente en el que él mismo declaró ante la Corte Suprema.
Manuel Alejandro Pretelt Patrón asumió el pasado 11 de agosto la Secretaría General del Ministerio de Agricultura, uno de los cargos con mayor poder administrativo dentro de la entidad. El nombramiento aparece entre las primeras designaciones del nuevo Gobierno y lo ubica en una oficina por la que pasan buena parte de las decisiones financieras, contractuales y administrativas del Ministerio.
Pero su llegada tiene un componente político difícil de separar de su apellido. Es hijo del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, condenado por concusión en el escándalo de Fidupetrol y actualmente cumpliendo la pena en prisión domiciliaria. Además, Manuel Alejandro no fue un espectador completamente ajeno a aquel proceso. Declaró como testigo y la propia Corte Suprema cuestionó severamente la credibilidad de su versión.
Un cargo por donde pasan contratos, compras y presupuesto
El poder de la Secretaría General está establecido en las propias funciones del Ministerio. Esta dependencia dirige los asuntos financieros, contables y de contratación pública, adelanta la actividad contractual, programa y hace seguimiento a la ejecución presupuestal, participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión y aprueba y vigila los planes de compras y contratación. También hace seguimiento a las cuentas fiscales, presupuestales y contables y coordina investigaciones disciplinarias contra servidores del Ministerio, que resuelve en primera instancia.
Hay, sin embargo, una precisión importante. Pretelt no queda al frente de todos los asuntos jurídicos del Ministerio. La Oficina Asesora Jurídica es una dependencia diferente. El verdadero músculo de la Secretaría General está en la administración, las finanzas y la contratación. Y existe otro elemento que muestra el peso del cargo. En junio de este mismo año, la Secretaría General actuaba con facultades de ordenador del gasto delegadas mediante la Resolución 210 de 2022. Un documento oficial del Ministerio deja constancia de esa atribución. Hasta ahora no aparece publicado un nuevo acto que permita asegurar que esa delegación ya opera personalmente en cabeza de Pretelt, por lo que atribuírsela sin esa salvedad sería anticiparse a la evidencia disponible.
La condena que todavía cumple su padre
Jorge Pretelt protagonizó uno de los mayores escándalos de la historia reciente de la Corte Constitucional. La justicia estableció que, siendo magistrado, solicitó $500 millones al abogado Víctor Pacheco en medio de las gestiones relacionadas con una tutela de Fidupetrol. Por esos hechos fue declarado responsable de concusión y condenado inicialmente a 78 meses de prisión. En mayo de 2023 la decisión quedó en firme en lo sustancial y se hizo efectiva su captura.
Desde diciembre de 2024 cumple la sanción en prisión domiciliaria. El pasado 10 de julio, apenas un mes antes de la posesión de su hijo, la Corte Suprema confirmó la negativa a concederle la libertad condicional. Aunque ya había superado las tres quintas partes de la pena y registraba buen comportamiento, la justicia volvió a valorar la gravedad de una conducta cometida precisamente mientras ejercía como magistrado constitucional.
Manuel Alejandro también apareció en el expediente
El nuevo secretario general tuvo una intervención directa como testigo en el juicio contra su padre. Manuel Alejandro Pretelt sostuvo que Víctor Pacheco y su hijo no estuvieron en el apartamento familiar el 18 de octubre de 2013, fecha alrededor de la cual se reconstruyeron los encuentros relacionados con la solicitud de dinero.
La valoración de la Corte fue especialmente dura. En la sentencia señaló que Manuel Alejandro “pretendió favorecer a su señor padre” y concluyó que su testimonio “no puede ser digno de crédito”. La Sala contrastó su relato con registros y otros testimonios y encontró inconsistencias que restaron credibilidad a esa versión.
Esto no significa que Manuel Alejandro Pretelt haya sido condenado o responsabilizado penalmente por esos hechos. La condena recayó sobre su padre. La precisión es necesaria para no convertir el parentesco ni una valoración probatoria en una responsabilidad que judicialmente no existe.
Tierras despojadas que terminaron en la hacienda de los Pretelt
La controversia familiar tiene otro capítulo particularmente sensible tratándose ahora del Ministerio encargado de la política rural.
En 2020, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó devolver a familias campesinas los predios Alto Bonito y No Hay Como Dios, también conocido como La Corona, que habían terminado incorporados a una hacienda de Jorge Pretelt en Urabá.
La justicia determinó que los antiguos propietarios habían abandonado y vendido sus tierras en un escenario de violencia y presión de estructuras paramilitares, y concluyó que Pretelt no demostró haber actuado con buena fe exenta de culpa al adquirir los predios, razón por la cual tampoco recibió compensación. Ese proceso fue de restitución de tierras y no corresponde a una condena penal contra el exmagistrado por despojo, distinción igualmente necesaria.
A la historia se suma una coincidencia política de enorme peso. Abelardo de la Espriella, hoy presidente de Colombia, fue abogado defensor de Jorge Pretelt durante el escándalo Fidupetrol. Hay registros públicos de su actuación como apoderado del entonces magistrado en el proceso que se adelantaba en el Congreso. De la Espriella asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto y, cuatro días después, Manuel Alejandro Pretelt fue posesionado en Agricultura.
Ese antecedente, por sí solo, no demuestra que exista un favor político ni que haya determinado el nombramiento. Pero sí convierte la designación en un asunto de interés público que merece especial vigilancia. Manuel Alejandro Pretelt no hereda las responsabilidades judiciales de su padre y deberá ser evaluado por sus propias actuaciones. Pero tampoco llega a una oficina menor. Contratos, compras, finanzas y ejecución presupuestal pasan por el despacho que acaba de asumir. Y en un cargo con semejante capacidad administrativa, la transparencia no será solamente una exigencia legal sino la principal prueba política de su gestión.
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