El Reino Unido prohibirá las importaciones procedentes de asentamientos israelíes, sancionará a quienes financien su expansión y bloqueará servicios vinculados con esas comunidades. Israel respondió con amenazas diplomáticas.
De la condena al castigo
El Reino Unido endureció este martes su política frente a Israel al anunciar un régimen de sanciones contra los asentamientos levantados en la Cisjordania ocupada y reconocer oficialmente como ilegal la ocupación israelí de ese territorio. El canciller británico Ed Miliband afirmó ante la Cámara de los Comunes que en algunas zonas de Cisjordania se está produciendo una “limpieza étnica” contra la población palestina, ejecutada por colonos violentos ante la tolerancia e incluso el respaldo de sectores del Gobierno israelí.
“No podemos seguir siendo espectadores”, sostuvo Miliband al presentar unas medidas coordinadas con Francia y Canadá para defender la posibilidad de una solución de dos Estados. El anuncio oficial advierte que la expansión de los asentamientos está creando una realidad territorial que podría hacer inviable un futuro Estado palestino.
Comercio y capital sancionados
El paquete incluye la prohibición de importar productos fabricados en los asentamientos, restricciones contra empresas y personas que participen en su construcción, financiación, infraestructura o comercialización inmobiliaria, y el veto a la publicidad en territorio británico de propiedades ubicadas en esas zonas.
Londres también anunció que no autorizará exportaciones de armas que contribuyan materialmente al mantenimiento de la ocupación. Las nuevas reglas deberán convertirse en legislación y podrían tardar entre seis y nueve meses en entrar plenamente en vigor.
El Gobierno británico aclaró que las sanciones se dirigen contra los asentamientos y no contra Israel dentro de sus fronteras anteriores a 1967. El comercio bilateral, estimado en unas 6.000 millones de libras anuales, continuará. Los productos procedentes de las colonias representan una fracción reducida y son principalmente alimentos frescos y vinos, por lo que el impacto económico sería limitado, pero su efecto político resulta considerable.
Israel amenaza con responder
La reacción israelí fue inmediata. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió expulsar al embajador británico, mientras el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, reclamó el cierre del consulado del Reino Unido en Jerusalén Este. El presidente Isaac Herzog acusó a Londres de interferir en las próximas elecciones israelíes.
El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó las medidas como discriminatorias y advirtió sobre posibles consecuencias comerciales. Israel sostiene que Cisjordania es un territorio disputado y rechaza que sus asentamientos sean ilegales.
La posición mayoritaria de la comunidad internacional es distinta. La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU establece que esas construcciones carecen de validez jurídica, mientras la Corte Internacional de Justicia concluyó en 2024 que la presencia israelí prolongada en los territorios palestinos ocupados es ilegal.
Una acusación excepcional
El uso oficial de la expresión “limpieza étnica” eleva el enfrentamiento a un nivel poco común entre dos aliados históricos. El término no constituye por sí mismo un delito autónomo en el derecho internacional, pero las conductas asociadas, como el traslado forzoso de población, pueden configurar crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La decisión británica llega después de que Amnistía Internacional documentara el desplazamiento total o parcial de 117 comunidades palestinas de pastores y beduinos entre 2023 y abril de 2026. Según el Gobierno británico, los ataques de colonos alcanzaron este año un promedio récord de seis casos diarios.
Las sanciones no modifican de inmediato la ocupación, pero rompen una frontera diplomática. Londres ya no se limita a cuestionar la expansión israelí, sino que comienza a imponer costos a quienes la financian y sostienen.
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