Perfiles falsos, amenazas y cuentas de terceros habrían sostenido el negocio desde La Picota. El rastreo del dinero llevó hasta tres familiares del señalado cabecilla.
La cárcel habría servido como centro de operaciones de una red que obtuvo más de $4.900 millones mediante extorsiones y estafas telefónicas. Según la investigación de la Fiscalía, conocida este 14 de septiembre, desde el pabellón 6 de La Picota, en Bogotá, sus integrantes contactaban víctimas y coordinaban los cobros con personas fuera del penal.
El primer pago no bastaba
El contacto comenzaba con perfiles falsos de mujeres que ofrecían encuentros sexuales por WhatsApp. Después llegaba la amenaza: divulgar imágenes o acusaciones relacionadas con delitos sexuales si la persona no transfería dinero. Los investigadores describen el uso de fotografías tomadas de redes sociales y material manipulado para intimidar.
Pagar una primera vez no cerraba el chantaje: la presión aumentaba para obtener nuevas consignaciones. Los recursos pasaban por billeteras digitales y cuentas de terceros antes de distribuirse entre integrantes de la estructura.
El dinero dejó rastro
Un Reporte de Operación Sospechosa dio origen a la pesquisa. La Fiscalía examinó más de 631.000 operaciones financieras y documentó 43 noticias criminales, correspondientes a denuncias y reportes. Esas cifras describen el volumen de información investigada; no equivalen a 631.000 extorsiones ni establecen el total de víctimas.
El seguimiento identificó seis inmuebles y cuatro vehículos presuntamente adquiridos con recursos ilícitos en Bogotá, Cundinamarca y Meta. También detectó un supuesto esquema de ocultamiento de al menos $2.000 millones en menos de cuatro años.
Un jefe que seguía mandando
El presunto cabecilla es Fabián Viracachá Ballén, alias ‘El Don’ o ‘Pluma’. La investigación le atribuye control sobre internos que habrían sido reclutados y entrenados para realizar llamadas masivas. Semana publicó apartes de interceptaciones en las que se habla de un patio trabajando para él.
Su esposa, Bibiana Paola Montañez Rozo; su hijastra, Helim Yareyth Clavijo Montañez, y su hijo, Michael Stiven Viracachá Pérez, fueron capturados y enviados a prisión preventivamente. La medida no constituye una condena.
El caso también exige respuestas sobre el control penitenciario. La estructura habría tenido acceso ilegal a celulares, datos y aplicaciones financieras. ¿Cómo sostuvo esas comunicaciones y qué controles fallaron? Las capturas permiten avanzar contra los presuntos responsables; esclarecer las condiciones que hicieron posible operar desde una cárcel sigue siendo parte esencial de la investigación.
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