La misma veeduría que logró en primera instancia la pérdida de investidura de Iván Name presentó acciones contra quienes integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y fueron mencionados en investigaciones por el saqueo de la UNGRD.
Seis nombres ante el Consejo
Una demanda de pérdida de investidura llegó al Consejo de Estado contra Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz. La acción fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Nacional Control Social y Efectivo. Los seis integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia que emite conceptos sobre operaciones de crédito presentadas por el Ministerio de Hacienda. La demanda busca establecer si su conducta dentro de esa función encaja en causales que permitan retirarles la investidura.
La investigación que sirve de contexto
La Corte Suprema abrió en noviembre de 2024 investigación formal contra los entonces congresistas por presunto cohecho impropio. La hipótesis judicial ha girado alrededor de una supuesta entrega de proyectos y contratos de la UNGRD a cambio de apoyos o conceptos favorables en escenarios legislativos. Olmedo López y Sneyder Pinilla han hecho señalamientos dentro de sus declaraciones, pero una demanda de pérdida de investidura no equivale a una condena penal.
Son procesos distintos, con pruebas, competencias y consecuencias diferentes. El antecedente político es relevante. La misma veeduría impulsó el proceso que terminó en primera instancia con la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name. Ahora el Consejo de Estado deberá decidir si admite las nuevas acciones y si los hechos alegados alcanzan el estándar para imponer la llamada muerte política.
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