El borrador del Estatuto Antiterrorista tiene 116 páginas y propone un registro público de organizaciones y personas, bloqueo de recursos, restricciones para contratar con el Estado y un régimen penal y penitenciario reforzado.
Una lista con efectos inmediatos
El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un Estatuto Antiterrorista que pasará primero por el Consejo de Política Criminal. El borrador contempla un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas. Una instancia técnica del Consejo de Seguridad Nacional prepararía los expedientes y la inclusión se adoptaría mediante acto administrativo.
Entrar al registro tendría consecuencias directas. Entidades financieras tendrían que congelar fondos y activos y los incluidos quedarían impedidos para contratar con el Estado o acceder a subsidios y programas públicos. La exclusión podría solicitarse y una negativa sería controvertible ante el Consejo de Estado.
Más poder penal y operativo
La propuesta crea además un Alto Comisionado contra el Terrorismo adscrito a Presidencia, con periodo de cinco años. También incorpora nuevos delitos, mayores penas y reglas especiales cuando actividades como extorsión, narcotráfico, minería ilegal, secuestro o ataques a infraestructura beneficien a organizaciones listadas. Para cabecillas plantea pabellones exclusivos y restricciones de comunicación.
La ruta legislativa será exigente. Al ser una ley estatutaria necesita cuatro debates, mayoría absoluta, aprobación dentro de una sola legislatura y revisión previa de la Corte Constitucional. El debate no será únicamente de seguridad. Congreso y Corte deberán examinar cómo se toman las decisiones, qué pruebas se exigen y qué garantías conserva una persona u organización incluida en el registro.
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