Sometimiento de grupos criminales, Estatuto Antiterrorista y cambios a la Ley de Orden Público entrarán por las comisiones primeras. En el papel el oficialismo tiene números, pero los tres textos tocarán asuntos que suelen fracturar coaliciones.
Tres rutas distintas
El Gobierno prepara tres grandes proyectos de seguridad. El Estatuto Antiterrorista será una ley estatutaria, el proyecto de sometimiento ofrecerá beneficios penales a estructuras que entreguen armas e información sobre economías ilícitas y una reforma a la Ley de Orden Público buscará dar soporte jurídico a varias de esas herramientas. Los tres comenzarán en las comisiones primeras de Senado y Cámara. El estatuto tendrá la ruta más exigente porque necesita mayoría absoluta, cuatro debates dentro de la misma legislatura y control previo de constitucionalidad. Las otras iniciativas tendrán cuatro debates, pero cuentan con mayor margen de tiempo legislativo.
Los votos no son automáticos
En números, el Gobierno aparece con ventaja. En la Comisión Primera del Senado se calcula una relación cercana a catorce votos favorables frente a seis opositores y en Cámara una mayoría aproximada de veinticuatro frente a trece. Sin embargo, seguridad, sometimiento y facultades presidenciales pueden romper disciplinas partidistas.
El proyecto de sometimiento deberá responder qué beneficios recibirían miembros de estructuras criminales, qué verdad entregarían, qué ocurriría con bienes ilícitos y cómo se trataría la reincidencia. Los cambios a la Ley de Orden Público también pueden afectar zonas especiales, diálogos, suspensión de órdenes y medidas territoriales. La prueba política no estará en el anuncio presidencial, sino en la capacidad del Ejecutivo para conservar sus votos cuando cada artículo empiece a modificar reglas de justicia, seguridad y negociación con grupos armados.
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