El artículo sobre lavado de activos fue endurecido en comisiones. La oposición cuestiona los beneficios; ahora deberá decidirse en las plenarias.
La ley de sometimiento a organizaciones criminales superó el primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Entre sus disposiciones más controvertidas aparece un tratamiento especial para colaboradores de estructuras ilegales vinculados con lavado de activos y testaferrato.
La versión inicial contemplaba la suspensión condicional de la ejecución de la pena después de un año para determinadas personas que colaboraran con el sometimiento. El texto modificado durante el debate elevó ese plazo a tres años y añadió condiciones patrimoniales y de reparación.
El artículo que causa reparos
El esquema exige entregar la totalidad de los bienes provenientes de actividades ilícitas, presentar un inventario verificado y aprobado por la Fiscalía y comprometerse con medidas comprobables de justicia restaurativa. Esas obligaciones forman parte de los requisitos para acceder al tratamiento propuesto.
Los críticos consideran que un beneficio penal para personas que administraron bienes ilegales exige controles especialmente fuertes sobre el patrimonio, la trazabilidad del dinero y las víctimas. La preocupación no se reduce a la duración de la pena: también afecta cuánto dinero puede recuperar el Estado y qué conductas quedan incluidas.
El Gobierno defiende su estrategia
El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostiene que el proyecto permitiría desmantelar organizaciones y recuperar bienes mediante la colaboración judicial. Según las reglas presentadas en el Congreso, los integrantes rasos podrían obtener rebajas de hasta el cincuenta por ciento de su pena y quienes ejercieron mando, hasta el treinta por ciento, bajo los requisitos del texto.
El primer debate también incluyó una exclusión de beneficios para responsables de reclutar menores de catorce años. La iniciativa modifica la Ley 418 de 1997 y prevé una fase inicial administrativa para identificar grupos, integrantes, armas y bienes, seguida de actuaciones ante la justicia.
El Consejo de Política Criminal dio aval al proyecto por una votación reportada de catorce contra uno. Ahora siguen las plenarias del Senado y la Cámara, donde los congresistas podrán modificar las disposiciones sobre beneficios, entrega patrimonial y control judicial. El plazo legislativo tiene relevancia adicional
Deja una respuesta