Un representante pidió investigar un aporte a la campaña de 2022. La controversia gira sobre la situación judicial del donante en esa fecha.
El representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, anunció una denuncia penal contra María Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por un aporte de 48 millones de pesos a su campaña a la Cámara de Representantes en 2022. El congresista sostiene que los recursos habrían provenido de una fuente prohibida.
La denuncia identifica como aportante a Óskar August Schroeder, exfuncionario vinculado con investigaciones del caso Agro Ingreso Seguro. Mondragón argumenta que su situación jurídica impedía financiar campañas electorales y considera que la contribución podría producir consecuencias penales y de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
La condición del donante
El punto que ahora concentra el debate es el estado jurídico exacto de Schroeder cuando hizo el aporte. La Silla Vacía señala que recibió una sanción disciplinaria en 2012 y que fue imputado por la Fiscalía, aunque no registra una condena penal en su contra.
La defensa de Restrepo sostuvo ante Caracol Radio que en 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había levantado la sanción impuesta al aportante. Ese argumento contradice la premisa del denunciante sobre una prohibición vigente y convierte la cronología judicial en pieza central de la investigación.
La respuesta de la funcionaria
Restrepo otorgó poder a un abogado para actuar ante la Fiscalía y controvertir los señalamientos. Mondragón, por su parte, pidió su salida del ICBF y sostuvo que el asunto afecta su permanencia en un cargo público.
La directora también había enfrentado cuestionamientos distintos, promovidos por dirigentes de Alianza Verde, sobre documentos de experiencia profesional presentados para su designación. Esas reclamaciones no hacen parte automáticamente de la denuncia por financiación de 2022.
El examen jurídico deberá reconstruir el origen y registro del aporte, la situación del donante en la fecha de la campaña y el alcance de las normas sobre financiación prohibida. Esos son los puntos que separan la acusación del congresista y la respuesta de la defensa.
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