El Gobierno ordenó ampliar la presencia de Ejército y Policía después de ataques, amenazas a comerciantes y quema de vehículos atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El despliegue incluye Fuerzas Especiales y busca sostener movilidad y actividad económica durante la amenaza de 48 horas.
Santa Marta entró en una fase extraordinaria de seguridad después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara reforzar con presencia militar y policial la ciudad ante el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, también conocidas como Los Pachenca.
La escalada se produjo tras una operación de la Fuerza Pública contra esa estructura en Magdalena. Después del operativo se registraron amenazas contra comerciantes y transportadores, ataques y vehículos incendiados, mientras la organización difundió un paro armado de 48 horas. La tensión redujo la actividad en sectores de la ciudad y afectó corredores viales del departamento.
La respuesta estatal incluye patrullajes conjuntos, puestos de control y operaciones contra integrantes de la organización. Este miércoles el Ministerio de Defensa anunció además la llegada de Fuerzas Especiales al Magdalena y el despliegue de comandos Jungla de la Policía. La orden de “militarizar” no equivale a declarar un régimen de excepción: en la práctica significa reforzar la presencia de Fuerzas Militares en apoyo a las autoridades de seguridad y policía.
El Gobierno ha presentado el operativo como una estrategia para recuperar control territorial y garantizar circulación. Las ACSN, por su parte, mantienen presencia en la Sierra Nevada y zonas del Caribe y han utilizado amenazas y coerción para afectar movilidad y comercio.
El efecto real del paro no se mide únicamente por el comunicado del grupo armado. Se refleja en negocios que cierran, transporte que reduce recorridos, vías que se bloquean o personas que modifican su rutina por temor. Por eso, la evolución de las próximas horas dependerá de la capacidad de las autoridades para mantener abiertos los corredores y evitar nuevos ataques sin ampliar los riesgos para la población civil.
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