La ponencia para primer debate plantea $30.000 millones menos en funcionamiento y $140.000 millones menos en inversión. El ajuste todavía debe pasar por las comisiones económicas y las plenarias del Congreso.
La discusión por los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz escaló en la ponencia del Presupuesto General de la Nación para 2027. El texto conocido para primer debate plantea una reducción total de 170 mil millones de pesos en el Sistema de Verdad y la JEP, una cifra mayor a los cien mil millones que habían concentrado la controversia inicial.
La distribución reportada del ajuste es de 30 mil millones de pesos en gastos de funcionamiento y 140 mil millones en inversión. Dentro de las reasignaciones divulgadas, cien mil millones irían a la Rama Judicial para cubrir necesidades de la justicia ordinaria y otros setenta mil millones se orientarían al sector deporte.
El dato clave es el estado del trámite. La cifra de 170 mil millones no es todavía un recorte ejecutado. Hace parte de la ponencia que deben discutir las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara dentro del proyecto de Presupuesto 2027. El monto puede modificarse durante los debates antes de la aprobación definitiva.
La JEP ha advertido en los últimos días que disminuciones significativas pueden afectar audiencias, protección de víctimas y testigos, presencia territorial y otras funciones de la justicia transicional. Desde el Gobierno y sectores que respaldan el ajuste se ha argumentado que el presupuesto debe priorizar recursos y garantizar eficiencia fiscal.
El debate, por tanto, tiene dos preguntas distintas. Una es cómo distribuir recursos públicos limitados entre sectores. La otra es si la asignación final permite a la jurisdicción cumplir las funciones que le corresponden por el Acuerdo de Paz y el marco constitucional. La respuesta definitiva no está en la ponencia inicial, sino en el presupuesto que finalmente apruebe el Congreso.
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