Tras más de tres décadas de investigaciones, testimonios y recursos judiciales, la Corte Suprema confirmó la condena contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe. El fallo cierra uno de los procesos más emblemáticos relacionados con el paramilitarismo en Colombia.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al ratificar la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado dentro del proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.
La decisión pone fin a una larga batalla judicial que se remonta a la década de los noventa y confirma el fallo emitido por el Tribunal Superior de Antioquia en noviembre de 2025, que había revocado una absolución dictada en primera instancia un año antes.
El caso que tardó más de 30 años
La investigación tiene origen en las denuncias sobre la actuación de Los 12 Apóstoles, una estructura paramilitar que operó principalmente en el norte de Antioquia durante los años noventa.
Según la sentencia ratificada por la Corte, el grupo ejecutó asesinatos selectivos contra personas señaladas de ser delincuentes comunes, consumidores de drogas o supuestos colaboradores de grupos guerrilleros. Uno de los hechos centrales del proceso fue el homicidio de Camilo Barrientos, ocurrido en Yarumal. La Sala Penal concluyó que existían pruebas suficientes para sostener que Santiago Uribe participó en la conformación y dirección de la estructura ilegal.
Los testimonios que marcaron el proceso
Uno de los elementos más relevantes del expediente fueron los testimonios de antiguos integrantes de organismos de seguridad, exparamilitares y habitantes de la región. Entre ellos sobresalen las declaraciones del exmayor de la Policía Juan Carlos Meneses, quien aseguró haber conocido la existencia de la organización y señaló presuntos vínculos de Santiago Uribe con sus actividades.
A lo largo de los años también fueron incorporadas declaraciones de exjefes paramilitares y otros testigos que, según los magistrados, permitieron reconstruir el funcionamiento de la estructura armada. La sentencia de segunda instancia valoró más de 80 testimonios y múltiples pruebas documentales acumuladas durante décadas de investigación.
Un fallo con peso histórico
El caso es considerado uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el paramilitarismo en Colombia porque involucra a un miembro de una de las familias políticas más influyentes del país.
La decisión también tiene un fuerte componente simbólico para las víctimas que durante años impulsaron el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el norte de Antioquia. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el fallo representa un avance en la lucha contra la impunidad en crímenes asociados al conflicto armado.
La reacción de la familia Uribe
Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe manifestó que se trata de un tema «devastador» para su familia y reiteró su respaldo a su hermano. Por su parte, la defensa insistió en que Santiago Uribe fue condenado injustamente y cuestionó la valoración de algunas pruebas utilizadas en el proceso.
Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema deja la condena en firme y no admite nuevos recursos ordinarios. Con el fallo ejecutoriado, Santiago Uribe deberá cumplir la pena impuesta por la justicia colombiana. Más allá de sus implicaciones personales y familiares, la decisión vuelve a poner sobre la mesa la relación entre estructuras paramilitares, poder regional y violencia política durante los años más intensos del conflicto armado colombiano.
Deja una respuesta