La Fiscalía imputó a Johana Aranda y a otros cuatro vinculados por presuntas irregularidades en la compra de alimento para animales. La investigación habla de direccionamiento, falta de experiencia del contratista y sobrecostos.
La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, quedó formalmente vinculada a un proceso penal por presuntas irregularidades en un contrato de $73 millones firmado en junio de 2024 para suministrar alimento a perros y gatos del Centro de Atención y Protección Animal, CAPA.
La Fiscalía imputó cargos a la mandataria, al exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez, a la asesora Johana Carolina Veloza Guio, a la abogada Jessika Soto Salas y al contratista Ernesto Alfonso Quiroga. Ninguno aceptó los cargos.
Lo que cuestiona la Fiscalía
El caso gira alrededor de la adjudicación del contrato a Servicios Empresariales SKY S.A.S., una empresa que, según la investigación, no tendría relación directa con el suministro de alimentos para animales y venía vinculada principalmente a servicios de aseo.
La Fiscalía sostiene que la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en Edward Amaya y dado instrucciones para adjudicar el contrato. La hipótesis del ente acusador también señala que funcionarios de la administración habrían celebrado el proceso pese a conocer que la firma seleccionada no tenía experiencia específica en alimentación para perros y gatos.
Otro punto clave está en las cotizaciones. Según lo expuesto en la investigación, se habrían solicitado precios únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, y los representantes legales de los oferentes tendrían vínculos de parentesco.
Los sobrecostos
El presunto detrimento calculado por la Fiscalía asciende a $34.991.000. Ese monto correspondería a sobrecostos que, según el ente acusador, habrían beneficiado al contratista dentro del proceso de suministro de alimento para los animales atendidos por el CAPA.
La investigación no surgió de la nada. En 2024, medios locales ya habían reportado cuestionamientos por los precios de algunos productos contratados para el centro de protección animal. Uno de los casos señalados fue la compra de bultos de alimento para gatos por valores superiores a los precios de referencia mencionados entonces en denuncias públicas.
La Fiscalía imputó, según la presunta participación de cada procesado, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Lo que sigue
La alcaldesa no aceptó cargos y, por ahora, continúa en el ejercicio de sus funciones. El caso deberá avanzar hacia las siguientes etapas procesales, en las que la Fiscalía tendrá que sustentar sus señalamientos y la defensa podrá controvertirlos. El expediente golpea políticamente a la administración de Johana Aranda porque no se trata de una gran obra, sino de un contrato menor que terminó bajo investigación penal por presunto direccionamiento y sobrecostos.
El debate de fondo queda abierto en Ibagué. Si un proceso de $73 millones llegó hasta una imputación penal, la pregunta ciudadana ahora será qué tan fuertes eran los controles internos sobre la contratación pública local.
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