La Defensoría llegó a nueve municipios del Chocó y Antioquia para acercar trámites, orientación y rutas de reparación a comunidades golpeadas por el conflicto y aisladas por las distancias del río.
La Defensoría del Pueblo atendió a 2.626 víctimas del conflicto armado durante una intervención institucional realizada durante una semana en la cuenca del río Atrato, una de las zonas donde la violencia, el aislamiento geográfico y los altos costos del transporte fluvial siguen dificultando el acceso de las comunidades al Estado.
Las jornadas se desarrollaron en Bojayá, Acandí, Murindó, Carmen del Darién, Belén de Bajirá, Medio Atrato, Vigía del Fuerte, Riosucio y Unguía, municipios de Chocó y Antioquia donde muchas familias deben recorrer largas distancias por río para acceder a trámites básicos.
Lo que se hizo
Durante la intervención, la Defensoría recibió 183 declaraciones juramentadas para avanzar en procesos de reconocimiento en el Registro Único de Víctimas. También remitió 53 expedientes a la Unidad para las Víctimas para revisar posibles casos de extemporaneidad en solicitudes relacionadas con reparación integral.
El mayor volumen de trabajo estuvo en los trámites administrativos. La entidad procesó 1.100 requerimientos, relacionados principalmente con atención humanitaria, seguimiento a planes de reparación integral, actualización de datos y revisión del estado de indemnizaciones económicas.
Defensa jurídica y enfoque étnico
La jornada también incluyó acciones legales. La Defensoría radicó siete derechos de petición, siete acciones de tutela y cinco acciones judiciales para proteger el derecho al registro civil de población que enfrenta barreras documentales.
Además, se realizaron dos jornadas de capacitación sobre rutas de acceso a derechos y mecanismos de veeduría ciudadana. Para garantizar la atención de comunidades indígenas, la entidad dispuso intérpretes de lengua emberá durante la toma de declaraciones y el diligenciamiento de formularios.
El dato que viene ahora
Otro punto relevante fue la consolidación de censos comunitarios en Medio Atrato y Carmen del Darién, con un registro aproximado de 11.400 personas. Esa información será trasladada a la Unidad para las Víctimas para cruce de datos, verificación técnica y posible actualización en el sistema nacional. La Defensoría anunció que hará seguimiento a los requerimientos radicados ante las autoridades competentes, especialmente a los tiempos de respuesta de la Unidad para las Víctimas y de los jueces de tutela.
La atención no resuelve de fondo la crisis humanitaria del Atrato, pero sí deja un dato clave: miles de víctimas siguen necesitando que el Estado llegue hasta sus territorios, no solo con jornadas ocasionales, sino con respuestas efectivas, reparación y garantías reales de acceso a derechos.
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